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29 may. 2016

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23 may. 2016

Juicio ejecutivo. Pagaré de consumo. Oportunidad. Integración del título.

Tratándose de la ejecución de un pagaré de consumo, se admite la integración del título ejecutivo con documentación adicional, que el acreedor puede acompañar, incluso, con la contestación de la excepción de inhabilidad de título, por lo que se revoca la sentencia que rechazó la ejecución por no reunir el pagaré los requisitos exigidos por el art. 36, Ley 24240, pues el título fue integrado con la solicitud de efectivización de préstamo y las planillas anexas, que cumplen acabadamente con los requisitos exigidos por la norma, sin que existan dudas respecto de la vinculación del crédito con el pagaré ejecutado, dado que la documentación y el título se encuentran vinculados por el número de referencia.
Banco Industrial Sociedad Anónima c/ Suárez, Roque Ramón s/0 Cobro ejecutivo Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Sala II, Azul, Buenos Aires; 14-05-2015.
Fallo:
En la ciudad de Azul, a los 14 días del mes de mayo del año Dos Mil Quince, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós, Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Banco Industrial Sociedad Anónima c/ Suárez, Roque Ramón s/ Cobro Ejecutivo” (Causa Nº 59.596), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós, Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
CUESTIONES
1ra. ¿Es justa la sentencia de fs. 54/58 vta.?
2da. ¿Son justas las regulaciones de fs. 58 vta.?
3ra. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
VOTACIÓN
LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Galdós dijo:
I. La demanda ejecutiva de autos fue promovida por Banco Industrial SA, quien reclama a Roque Ramón Suárez, la suma de $ 18.015,51 en concepto de capital, más intereses y costas. El monto resulta de descontar pagos parciales realizados sobre un pagaré de $ 28.972,20.
La ejecutada contestó la demanda señalando que el pagaré de autos fue librado en el marco de una relación de consumo por lo que cabe encuadrarlo en la normativa protectoria del consumidor. Expresa que el pagaré no cumple con la legislación consumerista (art. 36) y por lo tanto debió rechazarse la ejecución en el primer despacho, sin que sea posible agregar documentación adicional. Niega la existencia de la deuda y opone la excepción de inhabilidad de título solicitando que se declare el fraude a la ley y se rechace la ejecución. Peticiona el levantamiento de las medidas cautelares y la aplicación de una sanción del 30 % de la deuda a favor del consumidor en concepto de daño punitivo. Formula reserva del caso federal (fs. 23/27).
El actor agregó documentación adicional en la contestación del traslado de las excepciones (fs. 30/47). La documental fue desconocida por el demandado (fs. 49/53).
II. La sentencia de la anterior instancia hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título, rechazó la acción ejecutiva, impuso las costas al ejecutante vencido y reguló honorarios. Para arribar a dicha decisión señaló que el pagaré constituye la materialización de un préstamo para el consumo, por consiguiente, regido por la Ley 24240. Expresó que dicha calificación surge del destino otorgado al crédito en la documentación adicional agregada por el ejecutante (fs. 30). Destacó que no puede convalidarse la utilización de un pagaré para la concreción de un fraude a la ley. Refirió que ante la colisión de normas -Decr. ley 5965/63 y la Ley 24240- debe darse preeminencia a esta última, debiendo buscarse el modo de hacerlas compatibles. Dijo además que las operaciones de crédito para el consumo deben cumplir con los requisitos que surgen del art. 36 de la LDC, sin que ello implique que el pagaré se encuentre vedado como medio para instrumentar estas operaciones siempre que el negocio causal subyacente cumpla acabadamente con los requisitos legales que surgen del régimen protectorio.
Expresó que el actor agregó documental que cumpliría con tales recaudos legales; así consideró reunidos los recaudos previstos en los incs. a), d), g) y h) del art. 36 de la LDC, es decir: la descripción del servicio objeto de contratación, la tasa de intereses efectiva anual, la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar y los gastos extras, seguros y adicionales, pero señaló que no se han detallado el total de los intereses a pagar o el costo financiero total (CFT) y el sistema de amortización del capital y cancelación de los accesorios, lo que provoca la nulidad del instrumento. En virtud de ello, declaró la nulidad del título ejecutivo y rechazó la ejecución. Expresó que la admisión de la excepción de inhabilidad de título, en modo alguno implica la declaración de inexistencia o inexigibilidad de la deuda, sino únicamente la improcedencia de la vía ejecutiva para proceder a su cobro. Con relación al daño punitivo dijo que escapa al reducido margen de conocimiento del juicio ejecutivo, por lo que dicha pretensión deberá canalizarse por la vía procesal respectiva (fs. 54/58 vta.).
III. La aludida sentencia fue apelada por el ejecutante (fs. 60) abasteciendo el recurso con el memorial de fs. 62/63. Asimismo, el actor apeló la regulación de honorarios practicada en la sentencia, por altos (fs. 80).
El apelante expone la contradicción que implica considerar cumplidos los requisitos enumerados en los incs. a), d), g) y h) del art. 36 de la LDC y luego expresar que han sido omitidos la totalidad de los recaudos legales previstos. Manifiesta haber cumplido con la Ley del Consumidor, como surge de la documentación adicional agregada en la contestación del traslado de las excepciones (fs. 30/37).
Conferida la vista pertinente, el Fiscal General reemplazante dijo que la documental adicional al pagaré ha sido utilizada como complementaria del título que pretende ejecutarse. De dicha documental surge el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la LDC, destacando que el Costo Financiero Total (CFT) es de 97,928 %, lo cual no sólo surge de la prueba sino que fue admitido por el propio demandado a fs. 50 vta. Por su parte, manifiesta que el total de los intereses a pagar está descripto a fs. 43 donde incluso se discrimina el IVA y también se describen la amortización del capital y la cancelación de intereses (cfr. planillas de fs. 34/35), por lo que decretar la nulidad del negocio jurídico celebrado por las partes no resulta adecuado a las soluciones legales previstas para la materia. Sin perjuicio de lo expuesto, señala que la tasa de interés pactada resulta abusiva por lo que deberá ser morigerada por el Tribunal (fs.89/90vta.).
Por ello, resultando definitiva la cuestión (fs. 91), y habiéndose cumplido con los pasos procesales de rigor (fs. 91vta.), se encuentra esta Alzada en condiciones de abocarse al análisis de estas actuaciones, a los fines del dictado de la presente sentencia.
IV. 1) La cuestión medular a resolver es el cumplimiento de los requisitos previstos en la LDC para las operaciones de crédito para el consumo (art. 36). Ello así, por cuanto arribó firme a la alzada la calificación de la vinculación jurídica como relación de consumo regida por el régimen protectorio del consumidor (esta Sala, causa nro. 55.029, del 19/5/11 “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Rodríguez, Valerio s/ cobro ejecutivo”).
Así, dentro del concepto amplio de relación de consumo -cuyos rasgos característicos han sido delineados en los arts. 1, 2 y 3 de la Ley de defensa del consumidor (LDC)- se encuentran incluidas las operaciones de crédito para el consumo, que son aquellas en las cuales “una persona física o jurídica, en el ejercicio de su actividad u oficio, concede o se compromete a conceder a un consumidor bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito, o cualquier otro medio equivalente de financiación, para satisfacer necesidades personales al margen de su actividad empresarial o profesional, destacándose que usualmente la operación de crédito para el consumo quedará configurada sin perjuicio de la técnica empleada para la financiación, siempre que los bienes o servicios contratados estén destinados a satisfacer necesidades personales y familiares del consumidor” (cfr. Müller, Enrique C. y Saux, Edgardo I. en “La Ley de Defensa del Consumidor” Picasso-Vázquez Ferreyra Dir., Tomo I Parte General, Ed. L. L. 2009, pág. 413 y notas 958 y 959; esta Sala causa n° 57.975 del 6/11/13, “Consumo SA c/ González” -voto del Dr. Galdós-; causa n° 58.182, del 20/2/14 “Consumo SA c/ Rey” -voto del Dr. Peralta Reyes-).
Siguiendo esta línea y analizando las particularidades del presente, se advierte que las partes han celebrado una operación de crédito para el consumo, regida por la Ley de defensa del consumidor 24240 -modificada por las Leyes 26361 y 26993- (Considerando V de la sentencia apelada), encuadre que -como se anticipó- no ha sido cuestionado por el ejecutante en su memorial (arts. 246, 260, 261 del CPCC). Tal reconocimiento surge también de la adjunción al expediente de la documental que accede al título ejecutivo, en la cual se informa que el destino del otorgado al accionado es el consumo (fs. 12; 30/37; arts. 1, 2, 3, 36 ss. y cdtes. de la LDC).
Por lo tanto, el pagaré de fs. 12, integrado con la documentación adicional (fs. 30/37), instrumentan una operación de crédito para el consumo regida por la Ley 24240 y modificatorias, cuya interpretación exige armonizarla con los institutos propios del derecho mercantil (arts. 42 de la CN; art. 38 de la Constitución Provincial, arts. 1, 2, 3, 36 ss. y cdtes. de la Ley 24240 -texto según Leyes 26631 y 26993-; Decr. 5965/63; SCBA, C. 109.305, sent. del 1/9/10 “Cuevas c/ Salcedo”; CNCom. Sala E, del 20/3/13 “Medinas…”; esta Sala causa nro. 55.029, del 19/5/11 “Banco Provincia…”; causa nro. 55.309, del 16/6/11 “Naldo Lombardi SA c/ Cárceles, Ángela s/ juicio ejecutivo”; causa nro. 55.831, del 13/9/11 “Grupo MJB S.R.L…”; causanro. 57.975; entre otras.).
2) Ingresando al análisis de la relación crediticia subyacente al título ejecutivo de autos debe establecerse si el pagaré de fs. 12 integrado con la documentación adicional de fs. 30/37 cumplen -conjuntamente examinados con los requisitos exigidos por el art. 36 de la Ley 24240 -reformado por Ley 26361, B.O. 7/4/08-.
En la sentencia apelada los requisitos que se consideraron incumplidos, y que fueron determinantes de la nulidad del título y el rechazo de la ejecución, son los siguientes: el total de los intereses a pagar o costo financiero total y el sistema de amortización del capital y cancelación de los accesorios, que no surgirían de la documental de autos (Considerando VI, fs. 56 vta.). Ello sin perjuicio de destacar que, como bien señaló el apelante, la sentencia contiene un párrafo en el cual se consideran incumplidos la totalidad de los requisitos exigidos por el citado artículo, en evidente contradicción con el párrafo anterior en el cual se tuvieron por cumplidos los incs. a), d), g) y h) del art. 36 de la LDC, por lo que habrá de estarse a este último.
La información que surge del pagaré de consumo integrado con la solicitud de efectivización de préstamo Nº 20-279634 y las planillas anexas (fs. 12, 30; 33/35) cumplen acabadamente con los requisitos que el pronunciamiento apelado consideró incumplidos. Así, el costo total de los intereses, el costo financiero total (CFT), ascienden al 97,928000 % (fs. 30) y el sistema de amortización del capital y los intereses surge descripto en las planillas anexas (fs. 33/33 vta.; 34/35), sin que existan dudas respecto de la vinculación del crédito nro. 20-279634 con el pagaré de fs. 12, dado que tanto la documentación analizada como el título ejecutivo se encuentran vinculados por el número de referencia.
Este Tribunal ha admitido la integración del título ejecutivo con documentación adicional en las ejecuciones de pagarés de consumo (esta Sala, causa Nº 58.917, del 4/11/14 “Bazar Avenida SA c/ González de Castro, Alejandra Rosana s/ cobro ejecutivo” -voto de la Dra. Longobardi- y causa 59.057, sent. del 2/10/14 “Bazar Avenida S.A. c/ Castro, Oscar Alfredo s/ Cobro Ejecutivo” -con mi voto-) En este último precedente, expresé que “cabe señalar, a mayor abundamiento, y con relación a la posibilidad del acreedor de integrar el título en los pagarés de consumo, que dicha facultad podría incluso llegar a ejercerse con la contestación de la excepción de inhabilidad de título, posibilidad que se apartaría del criterio cambiario clásico, pero que atiende a las singularidades que presentan estas ejecuciones, en las cuales la normativa cambiaria y procesal debe armonizarse con la Ley de defensa del consumidor, siguiendo el criterio sentado por nuestro Superior Tribunal provincial (Decr. 5965/63, art. 101 ss. y cdtes.; arts. 521, 523, 542 del CPCC; arts. 1, 2, 36, 37 de la Ley 24240 – reformada por la Ley 26361-). Con palabras de la Suprema Corte ‘resulta necesaria una integración armónica entre los institutos del derecho mercantil y del consumo, toda vez que los caracteres de necesidad, formalidad, literalidad, completitud, autonomía y abstracción del título, que posibilitan de ordinario el cumplimiento de sus funciones propias, económicas, jurídicas e incluso su rigor cambiario procesal, deben ser armonizados con las exigencias del interés público en la defensa del consumidor” (S.C.B.A, C. 109.305, del 1/9/10 “Cuevas…”; C. 117.930, del 7/8/13 “Carlos Giudice SA…”; la integración del título ejecutivo había sido admitida en un precedente de esta Sala, causa nro. 58.067, del 6/11/13 “Neiiendam…” – voto del Dr. Peralta Reyes- aunque allí la cuestión se resolvió dentro del marco del Decr. 5965/63; por su parte, la Sala I de este Tribunal dejó abierta la posibilidad de integrar los pagarés de consumo con documentación adicional en las causas 57.142, del 28/5/13 “Bazar Avenida SA c/ Ligore”; 58.054, del 28/11/13 “Bazar Avenida c/ Pérez”, entre otras).
De este modo, el pagaré se integra con la documental adicional del crédito de consumo, formando un título complejo que permite compatibilizar la legislación cambiaria con las previsiones protectorias del consumidor (fs. 12, 30/37; arts. 101 y ss. del Decr. 5965/63; arts. 1, 2, 3, 36, 37, 65 de la Ley 24240; art. 521 y ss. del CPCC). Dicha pauta hermenéutica se enmarca en el cambio de paradigma que surge del Título Preliminar del nuevo Código Civil y Comercial que consagra el denominado “diálogo de fuentes” y la constitucionalización del derecho privado, que establece una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado (cfr. arts. 1, 2 y 12 del Título Preliminar del Código Civil y Comercial; esta Sala, causa N° 58.639, del 29/5/14 “Credil c/ Orsetti”).
En este último precedente el Tribunal señaló que “en lo atinente al régimen legal aplicable es necesario detenerse en el análisis de la aplicación y conciliación entre las normas de derecho cambiario y las de la legislación del consumo. Para ello cabe partir de la primacía de las reglas y principio tuitivos del consumidor (arts.42 Const. Nac.; 38 Const. Pcia. Bs. As.). La relación de consumo, el derecho a la seguridad y las restantes reglas y principios consumeristas consagradas expresamente en la norma del art. 42 de la Constitución Nacional se emplazan, sin hesitación, en el actualmente llamado derecho privado constitucional, o derecho privado constitucionalizado o constitucionalización del derecho civil, con sus consiguientes implicancias: la Constitución es fuente normativa y axiológica de interpretación de esos derechos, especialmente en casos de colisión de reglas y principios; el art. 42 de la Constitución Nacional que consagra los derechos de los consumidores y usuarios en la relación de consumo y el art. 43, componen el bloque normativo adscripto al derecho civil constitucionalizado, por lo que esos derechos ostentan jerarquía supralegal, de inmediata operatividad, y con fuerza normativa constitutiva de un sistema general, protectorio del usuario y del consumidor, que se complementa con cada subsistema específico (en autos el propio régimen de la Ley 24240 – según Ley 26361)”.
Continuó señalando este Tribunal en la sentencia citada que “a partir de las reformas de 1994 a la Constitución Nacional y a la de la Provincia de Buenos Aires, se hace hincapié en la operatividad de las normas constitucionales y de las normas de los Tratados de Derechos Humanos que revisten esa misma jerarquía (arts. 19 y 75 inc. 22 Const. Nacional), lo que significa que los derechos y garantías que consagran rigen de manera directa e inmediata y sin necesidad de la previa mediación de las normas infraconstitucionales (CS, 7/7/92, “Ekmekjian, Miguel A. c/ Sofovich, Gerardo y otros”, Fallos 315:1492, LL; C.S., 24/2/2009, “Halabi” , Fallos 332:111 en reenvío a la doctrina de Fallos 239:459; C.S. 27/12/1957, “Siri, Ángel”, JA 1958-II-478, Fallos 241:291 y Fallos 315:1492)”.
“Sólo con la finalidad de enfatizar el significado de la referida constitucionalización aplicable al derecho de consumo, destaco una vez más que en el Derecho Civil Constitucional o Derecho Privado Constitucional las reglas constitucionales y las supranacionales ‘componen el sistema jurídico por dos caminos; si se considera que son directamente operativas, sea por mandato normativo, sea por una actitud proactiva de los tribunales o, en todo caso, por otra vía, si se considera que la reglas de la Constitución Nacional, de los Tratados de Derechos Humanos y de los Tratados de Integración tienen carácter de principios generales vinculantes’ (Alterini, Atilio Aníbal, “Respuestas ante las nuevas tecnologías: sistema, principios y jueces”, L. L., 2007-F, 1338)”.
Por todo ello, “el juicio de ponderación constituye una guía fundamental para solucionar conflictos de fuentes, de normas (en el caso entre el régimen del derecho cambiario y el procesal con el derecho del consumo), o de interpretación de la ley” (CS, 22/04/2008, “Ledesma, María Leonor c/ Metrovías S.A.”, Fallos: 331:819; L. L., CS, 09/03/10, “U.M.H. c. Transportes Metropolitanos General Roca”, Fallos 333:203.,Saux, Edgardo I., “Conflicto entre derechos fundamentales”, L. L., 2004-B, 1071; Lorenzetti, Ricardo L., “Fundamento constitucional de la reparación de los daños”, L. L., 2003-C, 1184; ésta Sala Causas 56149, 56808, y 42.882 del 28/08/2001 cit.)”.
“De lo dicho se desprende claramente que cuando la armonización entre el régimen cambiario (y especialmente la aplicación de la abstracción cambiaria y procesal) con el sistema de consumo no es posible, prevalece la norma especial (la citada Ley de Defensa del Consumidor) por ser la norma específica y de derecho civil constitucional” (esta Sala, causa 58.639, citada).
Como quedó sentado en los párrafos precedentes, el título complejo cumple con los requisitos previstos en el art. 36 de la LDC, por lo que propiciaré la revocación de la sentencia apelada en cuanto decretó la nulidad del título ejecutivo de fs. 12 y rechazó la ejecución.
3) Continuando con el análisis, cabe abordar el tema de los intereses pactados en el título integrado a una tasa del 60,486705 % nominal anual, equivalente al 4,971510 % efectiva mensual, que implica el 62,122869 % efectiva anual (T.E.A) y un CFT del 97,928000 (fs. 30).
Este Tribunal ha resuelto que, en principio, deben aplicarse los intereses “que hubieran pactado las partes, pues es ésa la “ley” a la que los contratantes quisieron someter sus conductas (art. 1197 del C.C.). A pesar de ello, y con fundamento en las reglas moralizadoras contenidas en los artículo 953 y 1071 del Código Civil, el Tribunal ha morigerado los intereses cuando los pactados pudieran exceder “el límite de la ganancia lícita para convertirse en un enriquecimiento injusto” (esta Sala, causas nº 56.986, del 4/10/12 “Consumo SA c/ Echeverría”; 48.348 del 05-5-05, “Seguro de Depósito S.A…”; nº 49.681 del 30-5-06, “Mele…”; nº 54.746 del 18-8-10, “Carbonazzo Hogar S.A…”; n° 55.899 del 27-10-11, “Banco de la Prov. de Bs. Aires c/. Burgos, Roberto Duilio y otros s/ Cobro Ejecutivo”; n° 55.992 del 08-3-12, “Don Nicolás S.A. Agropecuaria y Com…”; causa Nº 58.917, del 4/11/14 “Bazar Avenida SA…”, entre otras).
Ahora bien, conforme se ha establecido en numerosos precedentes de este Tribunal, al practicarse liquidación en autos “los intereses pactados no podrán exceder la tasa activa para operaciones de crédito que aplique el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los distintos períodos, con más un plus del 50 % moratorio que el banco aplica a las operaciones en mora, estableciéndose además que el tope que se fija se realizará mediante la comparación entre la tasa pactada y la máxima establecida durante todo el lapso que va desde la fecha de mora, hasta su efectivo pago (precisando el alcance de los precedentes de esta Sala, causas N° 56986, sent. del 4/10/12 “Consumo SA…” y N° 55.899, sent. del 27/10/11 “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Burgos”; N° 58.917, del 4/11/14 “Bazar Avenida SA c/ González de Castro”, entre otras).
En definitiva, en el caso de autos los intereses se liquidarán sobre el capital adeudado de $ 18.015,51, desde la fecha de presentación al cobro del pagaré que fue denunciada en el escrito de inicio el día 08/04/2012 hasta su efectivo pago (fs. 15 vta.; arts. 35, 36, 102,103 y cdtes., del Decr. ley 5965/63). Cabe señalar que no se utiliza la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina (art. 36 de la LDC), ni siquiera analógicamente, porque dicha tasa ha sido prevista para el caso de omisión de pacto de intereses y no para supuestos de morigeración, como el presente. Asimismo, al momento de practicarse la liquidación deberán descontarse los pagos parciales realizados por el consumidor.
En virtud de todo lo expuesto, habiendo dictaminado el Fiscal General reemplazante, propicio al acuerdo revocar la sentencia de fs. 54/58 vta. en cuanto dispuso la nulidad del título y el rechazo de la ejecución y mandar llevar la ejecución adelante hasta que el demandado haga íntegro pago al acreedor del capital de $ 18.015,51 más los intereses morigerados conforme las pautas y topes máximos descriptos en el ap. IV. 3 de este pronunciamiento, a calcularse desde el día 08/04/2012 hasta su efectivo pago, imponiendo las costas de ambas instancias al ejecutado vencido (arts. 556, 274 del CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Galdós, dijo:
Con relación al recurso interpuesto por el ejecutante contra las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia apelada, que consideró altos, la solución propiciada en la cuestión anterior exige dejar sin efecto las regulaciones apeladas por lo que su tratamiento devino abstracto, y así corresponde declararlo (art. 274 del CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
A LA TERCERA CUESTIÓN; el Sr. Juez Dr. Galdós dijo:
En virtud de lo expuesto en las cuestiones precedentes, y de conformidad con lo dictaminado el Fiscal General reemplazante, se resuelve: 1) revocar la sentencia de fs. 54/58 vta. en cuanto dispuso la nulidad del título y el rechazo de la ejecución; 2) mandar llevar la ejecución adelante hasta que el demandado haga íntegro pago al acreedor del capital de $ 18.015,51 más los intereses pactados morigerados conforme las pautas y topes máximos descriptos en el ap. IV. 3 de este pronunciamiento, desde el día 08/04/2012 hasta su efectivo pago; 3) imponer las costas de ambas instancias al ejecutado vencido (arts. 556, 274 del CPCC); 4) dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas a fs. 58 vta. y declarar abstracto el recurso de apelación de fs. 80, difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad de practicarse liquidación (arts. 274 del CPCC; arts. 31 y 51 del Decr. ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
SENTENCIA
AUTOS Y VISTOS; CONSIDERANDO:
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del CPCC, se resuelve:
1) revocar la sentencia de fs. 54/58 vta. en cuanto dispuso la nulidad del título y el rechazo de la ejecución;
2) mandar llevar la ejecución adelante hasta que el demandado haga íntegro pago al acreedor del capital de $ 18.015,51 más los intereses pactados morigerados conforme las pautas y topes máximos descriptos en el ap. IV. 3 de este pronunciamiento, desde el día 08/04/2012 hasta su efectivo pago;
3) imponer las costas de ambas instancias al ejecutado vencido (arts. 556, 274 del CPCC);
4) dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas a fs. 58 vta. y declarar abstracto el recurso de apelación de fs. 80, difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad de practicarse liquidación (arts. 274 del CPCC; arts. 31 y 51 del Decr. ley 8904/77).
Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
JORGE MARIO GALDOS – VICTOR MARIO PERALTA REYES – MARIA INES LONGOBARDI.

Accidentes de tránsito. Responsabilidad de la aseguradora. Licencia de conducir vencida. Daños y Perjuicios

Accidentes de tránsito. Responsabilidad de la aseguradora. Licencia de conducir vencida. Daños y Perjuicios

Goldstein, Hernán Gabriel c/ Ibarrondo, Fidela y otro s/ Daños y perjuicios
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala C, 13-10-2015.
Fallo:
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 13 días del mes de octubre de 2015, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “C” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer del recurso interpuesto en los autos “GOLDSTEIN, HERNÁN GABRIEL C/ IBARRONDO, FIDELA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (N° 35.590/10), respecto de la sentencia corriente a fs. 402/410, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el orden siguiente: Sres. Jueces de Cámara Dres. Alvarez Juliá, Cortelezzi y Diaz Solimine.
Sobre la cuestión propuesta el Dr. Alvarez Juliá dijo:
I. El Sr. Hernán Gabriel Goldstein, a través de letrado apoderado, entabló la presente demanda por daños y perjuicios contra los Sres. Fidela Ibarrondo y Osvaldo Antonio Fernandez por el siniestro ocurrido el 26 de mayo de 2008. Asimismo citó en garantía a “Bernardino Rivadavia Cooperativa de Seguros Limitada”.
En la instancia de grado se hizo lugar a la acción, condenando a los demandados a abonar al actor la suma de $ 119.475 en el plazo de diez días, con más los intereses y las costas del proceso, y se admitió la excepción de falta de cobertura opuesta por la citada en garantía, con costas en el orden causado.
Contra dicho pronunciamiento se alzan el actor y los demandados, expresando agravios a fs. 459/461 y fs. 453/457, respectivamente.
Ambas partes se quejan del acogimiento de la defensa articulada por la aseguradora -traslado contestado a fs. 463/465 por la demandada y a fs. 467/470 por la citada en garantía-, y los accionados cuestionan también la responsabilidad que les fuera atribuida, punto sobre el cual no obtuvieron respuesta.
Por una cuestión de estricto orden metodológico corresponde abordar, en primer lugar, los agravios de los emplazados vinculados con la responsabilidad endilgada, para luego examinar lo atinente a la procedencia de la exclusión de cobertura alegada por la compañía de seguros.
I. RESPONSABILIDAD:
Relata el actor en su demanda que el día indicado, siendo aproximadamente las 8:45 hs., circulaba a bordo de su motocicleta Honda Biz, dominio CVW-618, por el carril izquierdo de la Av. Mosconi, de esta ciudad, cuando en oportunidad de encontrarse finalizando el cruce de la intersección conformada con la calle Terrada, fue embestido en su parte lateral trasera derecha por el sector delantero del vehículo Suzuki Swift, dominio WCC-754, conducido por la codemandada Fidela Ibarrondo, por la última de las arterias nombradas.
Los emplazados Osvaldo Antonio Fernández y Fidela Ibarrondo, si bien reconocen el acaecimiento del hecho, atribuyen su ocurrencia a la conducta imprudente del conductor de la motocicleta. Ello en la medida que, según su versión, éste habría abordado la encrucijada desde la izquierda a gran velocidad sin respetar la prioridad de paso del automóvil que pese a intentar una maniobra de esquive, no pudo evitar ser colisionado en su lateral delantero izquierdo por el frente del ciclomotor.
No está discutida a esta altura ni la ocurrencia del hecho ni el encuadre legal. Así es que en virtud de la doctrina sentada por esta Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil en el plenario “Valdez, Estanislao F. v. El Puente S.A. y otro”, del 10 de noviembre de 1994, el marco jurídico aplicable ha de serlo a la luz de lo normado por el segundo párrafo, segunda parte, del artículo 1113 del Código Civil, que prescribe que “… si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder…”. Como ya lo ha dicho esta Sala en reiteradas ocasiones, tal solución es igualmente aplicable cuando uno de los vehículos involucrados resulta ser una motocicleta.
En consecuencia, correspondía a los accionados para exonerarse de responder, acreditar la ruptura total o parcial del nexo causal, demostrando la culpa de la víctima -alegada como defensa en la contestación de demanda-, o en su caso la de un tercero por quien ellos no sean civilmente responsables, o el caso fortuito.
Delineado el marco normativo aplicable a la solución del caso, los demandados cuestionan en esta instancia la interpretación de la forma de ocurrencia de los hechos efectuada por el juez de grado, por cuanto sostienen que no obran en autos ni en la causa penal elementos que la respalden.
En este orden de ideas, descartan el valor de los testigos que prestaron declaración en sede represiva como prueba directa del suceso, al no haber vivenciado el momento mismo del impacto. Asimismo, impugnan la credibilidad del testimonio del Sr. Luciano Salamone, en el que sostienen que el sentenciante se basó, junto con la pericia mecánica, para tener por acreditada la versión del actor, por considerar sugestiva su comparecencia en esta sede años después del evento sin haber atestiguado ante la justicia criminal, y por las contradicciones en las que habría incurrido.
Por último, desacreditan el dictamen del perito ingeniero mecánico por la parcialidad de sus conclusiones, que a su entender hallan respaldo únicamente en los dichos del cuestionado testigo y en el relato del accionante, sin atender a la prioridad de paso que contaba su parte por desplazarse por la derecha y encontrarse más avanzada en el cruce. En definitiva, sostienen la incidencia causal que habría tenido el comportamiento de la propia víctima en el resultado lesivo.
Plasmados de esta forma los lineamientos centrales de la estrategia recursiva intentada por los demandados, cabe recordar que el Tribunal de Alzada no realiza un nuevo juicio, sino que se encuentra limitado por lo dispuesto por el art. 277 del Código Procesal, razón por la cual no puede fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia, salvo los nuevos hechos y documentos, de acuerdo a lo prescripto en el art. 260 del mismo cuerpo legal.
Ello sella la suerte de los agravios formulados respecto de la valoración que el a quo efectuó de las medidas probatorias colectadas en autos, a poco que se repare que las observaciones esbozadas en esta instancia no fueron propuestas con anterioridad. En efecto, los quejosos no impugnaron las declaraciones testimoniales recabadas, ni el dictamen elaborado por el perito ingeniero mecánico; tampoco volcaron las críticas efectuadas por estas circunstancias en los alegatos (v. fs. 453/457), introduciéndolas recién en la oportunidad prevista por el art. 259 in fine del CPCC.
Sin perjuicio de ello, no puedo dejar de señalar que se advierten razones que comprometen la eficacia convictiva del testimonio del Sr. Luciano Javier Salamone (fs. 200/203). En primer lugar, resulta sugestivo -tal como lo puso de resalto el magistrado de grado- que pese a la afirmación del testigo de haber entregado sus datos al personal policial interviniente, no fuera identificado en el momento de los hechos por el subinspector Claudio Damián Escudero que labró el acta que luce a fs. 1/2 de la causa penal, ni prestara declaración en dichas actuaciones; siendo aún más llamativo el hecho de haber sido convocado telefónicamente a declarar (cfr. fs. 202 vta.), cuando quedó demostrado que sus datos no fueron asentados en las actuaciones criminales.
Asimismo, su manifestación acerca de la existencia de semáforos en la encrucijada queda carente de respaldo probatorio, al arrojar el resto de las constancias producidas la ausencia de señal lumínica (cfr. fs. 258/259). Empero lo que resta mayor veracidad a sus dichos es la falta de correlato entre la localización de los rodados al momento del impacto que el deponente describe y grafica en el croquis confeccionado a fs. 200, y los demás elementos recabados.
En efecto, Salamone ilustra la posición de los rodados intervinientes al momento de la colisión en el sector derecho de la Avenida Mosconi, mientras que de la constatación efectuada por personal policial el día del infortunio se verificó la existencia de una huella de derrape de aproximadamente 10 mts. que se desplazaba desde el centro de la avenida indicada hacia la vereda del lado izquierdo (cfr. fs. 2 y fotografías de fs. 6/7 de la causa penal “Ibarrondo de Fernandez, Fidela s/ art.94 CP.” que tramitara bajo el número 70994 ante el Juzgado Correccional N° 4, Secretaría 67). Asimismo, el testigo dejó entrever que se trató de un choque de atrás, al haber impactado la parte delantera del automóvil con la trasera del motovehículo, lo que discrepa no sólo con la mecánica sustentada por el accionante -a diferencia de lo indicado por el sentenciante- sino con los daños de los rodados que se aprecian en las fotografías de fs. 42/44 de la causa penal.
Sin embargo, aún desde la postura más favorable para los apelantes, descartando el valor probatorio del testimonio bajo análisis en virtud de las apreciaciones que anteceden, ello no contraría la solución adoptada en primera instancia, por cuanto habiendo el actor demostrado la intervención de la cosa generadora de riesgos como productora del daño sufrido, entra a jugar la presunción que establece el mentado art. 1113 del Código Civil, debiendo los demandados para desvirtuarla acreditar la ruptura del nexo causal.
A tal fin, los accionados alegaron en su despliegue defensivo la culpa de la propia víctima por haber infringido la prioridad de paso con la que contaba su automóvil por circular por la derecha de la encrucijada, y hallarse más avanzado en el cruce. En efecto, al fundar su expresión de agravios juzgan incorrecta la valoración efectuada por el juzgador de la instancia inferior sobre este derecho preferencial de paso.
Ahora bien, a fin de desentrañar la cuestión, corresponde ponderar las especiales características de la intersección en la que tuvo lugar el ilícito bajo estudio. Ello, por cuanto ningún indicio acerca del modo en que los hechos se desencadenaron puede extraerse de los dichos de los testigos individualizados en la etapa instructoria, Juan Carlos Cerelia y Mariela Lacatena (cfr. fs. 27 y 59), toda vez que tal como lo señala el magistrado penal “… no pudieron observar el accidente que diera origen a estos actuados, sino que sus testimonios sólo corroboran la conducta ética de la encartada luego del suceso, pero esto nada dice acerca de la mecánica del mismo, y de la acción que provocara el siniestro en cuestión” (cfr. fs. 127 vta. del auto de sobreseimiento).
Retomando lo concerniente a las particularidades del escenario fáctico, cabe señalar que la Av. Mosconi -por la que se desplazaba el accionante- corre con dirección general Este-Oeste, tiene 16,5 metros de ancho, con cinco carriles de sentido único de circulación; mientras que la calle Terrada-por la que circulaba el Suzuki- con sentido Norte-Sur, posee 9,5 metros de ancho, y presenta sendas cunetas (adoquinadas) a ambos lados de la calzada de la avenida, no existiendo semáforos en el cruce (cfr. fs. 259 de la pericia mecánica y croquis de fs.256). Esta descripción efectuada por el experto se condice con lo que surge de las tomas fotográficas del lugar que obran a fs. 120 y vta. de la causa penal.
De todo ello se colige, que si bien es cierto que el automóvil de los demandados circulaba por la derecha, la moto del accionante se desplazaba por una arteria de mayor jerarquía.
Asimismo, el perito ingeniero mecánico determinó que el vehículo Suzuki Swift revistió en la emergencia el carácter de embistente. En palabras del experto, “… la mecánica más probable del hecho resulta: circulando la motocicleta Honda Biz 0105, dominio 618 CVW de la actora por la Av. Mosconi, con dirección Este, al alcanzar el cruce de la calle Terrada es embestida en su lateral trasero derecho por el extremo izquierdo del frente del Suzuki Swift, dominio WCC 754, de la demandada que circulaba por Terrada en dirección Norte” (cfr. fs. 259 vta.).
Si bien los apelantes cuestionan la falta de imparcialidad y objetividad del dictamen, reitero que no resulta admisible intentar desvirtuar lo establecido en el informe pericial, cuando ni siquiera se trató de cuestionarlo en las oportunidades previstas en el tercer párrafo del art. 473 del Código Procesal, por lo que mal pueden ahora pretenderlo, para fundar su crítica, esgrimiendo argumentaciones que en esta instancia resultan absolutamente extemporáneas y no pueden ser tenidas en consideración (CNCiv., Sala F, causas libres 160.049 del 12/6/95; 142.618 del 29/8/95; 179.719 del 2/4/96; 192.507 del 1/10/96; 229.298 del 11/12/97, 509.488 del 17/9/08, entre muchas otras; íd., Sala A, “Serrano, Cristóbal c/ Cuevas, Ceferino y otros s/ daños y perjuicios” del 01/06/09; íd, Sala C, “Corsaro, Roberto Julio y otro c/ Escalada, Julio César y otros s/ daños y perjuicios”, del 13/04/11).
No obstante la extemporaneidad de la queja en este sentido, considero que los asertos del experto, hallan suficiente respaldo en las constancias objetivas obtenidas en la etapa instructoria. En efecto, el ingeniero mecánico fundó sus apreciaciones en los daños del automóvil que surgen de las fotografías de fs. 8, 42 y 43 de la causa penal en las que se aprecia rotura con desprendimiento de paragolpes delantero y deformación del guardabarros delantero izquierdo (por esfuerzo aplicado con sentido longitudinal); en la ausencia de deformación de la rueda delantera de la motocicleta (cfr. fs.8, 44 y 45); y en el largo desplazamiento diagonal (con arrastre) de la motocicleta sobre el suelo (estimado en 8 mts. aproximadamente) (fs. 6 y 7) (cfr. fs. 259 vta. de la pericia mecánica).
Por consiguiente, teniendo en cuenta la ubicación de los daños en los rodados (lateral trasero derecho de la motocicleta y extremo izquierdo del frente del automóvil), es factible concluir que el actor se encontraba más avanzado en el cruce de la encrucijada al momento de la colisión.
De esta forma, si bien el automóvil conducido por la codemandada Ibarrondo lo hacía por la derecha de la moto, lo cierto es que esa contingencia no puede transformarse en un “bill” de indemnidad, toda vez que deben tenerse presente las particulares circunstancias que rodean cada accidente, y que dicha prioridad de paso cesa -como en la especie- frente a quien ha arribado primero a la encrucijada (CNCiv., Sala “C”, “Lescano, Rubén c/ Siltori Sultani, Alfredo Alejandro y otro s/ daños y perjuicios”, del 29/05/06).
Máxime teniendo en cuenta que la motocicleta marchaba por una traza de mayor envergadura y densidad de tránsito, como es la Av. Mosconi (cfr. fs. 260).
En tal sentido, se ha destacado que, para organizar y asegurar el cruce de vías jerárquicamente superiores accediendo desde las transversales relativamente secundarias, las reglas de derecha-izquierda y del ingreso prioritario son insuficientes y peligrosas, pues pueden llevar al usuario a ingresar sin precauciones en un polígono conflictual completamente diferente al de vías similares y someterse con ello a un intenso riesgo de colisión. Igualmente sería inconcebible que la encrucijada quedara abierta y sin reglas organizativas de la maniobra de cruce, de modo que quedan dos alternativas: señalizar todas las intersecciones de vías de distinta importancia relativa, lo que resulta muy oneroso, o estipular normativamente la prelación del tránsito de las mayores sobre el de las menores (conf. Tabasso Cammi, Preferencia de la vía de mayor jerarquía. Eficaz dispositivo de organización y seguridad vial, L. L., 2001-F, 1083; citado en: Areán, Beatriz A., Juicio por accidentes de tránsito, 1a. ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2006, vol. 2, pág. 535).
Es por esto que quien circula de modo de disponerse a cruzar una avenida debe respetar la prioridad de paso que corresponde a los que avanzan por esta última y ha de asegurarse de hacerlo cuando el tránsito le permita realizar el cruce sin interferencias (conf. CNCiv, Sala L, 19/8/05, “Adami, Julio J. c/ Estogarribia, Julián A s/ sumario).
En este sentido, el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionado por la Ley 2148 del 16 de noviembre de 2006, establece en forma expresa la aludida jerarquía de la avenida por sobre la calle.
Así, la disposición 6.7.2, apartado a), señala que los conductores deben ceder el paso “en encrucijadas sin semáforo de arterias de distinta jerarquía, a los vehículos que circulan por la arteria de más importancia, siendo el orden de prevalencia el siguiente: avenida, calle, pasaje”.
De tal manera, entonces, resulta claro que la prioridad de paso la tenía el actor que circulaba por la Av. Mosconi y se encontraba más avanzado en el cruce, por lo que, quien debió extremar las precauciones y cerciorarse antes de atravesar la bocacalle de que contaba con el paso expedito por la vía de mayor jerarquía, era el automóvil de los demandados. Tal proceder no fue, a mi criterio, observado por la Sra. Ibarrondo, ya que de lo contrario habría advertido necesariamente el avance del actor, y el resultado lesivo habría sido otro.
En razón de lo expuesto, toda vez que los demandados no pudieron demostrar el eximente de responsabilidad cuya prueba estaba a su cargo a fin de desvirtuar la presunción de responsabilidad adversa que sobre ellos pesaba (cfr. arts. 1113 del Cód. Civ. y 377 del CPCC), mi voto es por rechazar los agravios vertidos por éstos en torno a la responsabilidad y confirmar este aspecto del fallo de primera instancia.
II. DEFENSA DE EXCLUSIÓN DE COBERTURA DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS:
Zanjada la cuestión relativa a la responsabilidad, corresponde analizar las quejas efectuadas por el accionante y los demandados respecto del acogimiento en la instancia de grado de la excepción de exclusión de cobertura opuesta por la citada en garantía “Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada”, fundada en la carencia de licencia vigente de conducir habilitante -al momento del siniestro-, por parte de la conductora del Suzuki Swift, dominio WXX-754, Sra. Fidela Ibarrondo.
Al respecto, cabe destacar que no se halla controvertido que la conducción del automóvil por personas sin habilitación para el manejo por autoridad competente estaba prevista como una causal de exclusión de cobertura en el art. 7, apartado II, inciso a) de la póliza n° 19/297796-003 que amparaba al rodado de propiedad del codemandado Osvaldo Antonio Fernández (cfr. fs. 181 vta.).
Tampoco está discutida la carencia de licencia habilitante por parte de la Sra. Ibarrondo el día del hecho (26/05/08), toda vez que tal circunstancia fue reconocida por la propia conductora ante personal policial (cfr. Fs. 9 vta. de la causa penal), y se halla corroborada con el informe emitido por la Municipalidad de Vicente López -Dirección de Registros y Licencias de Conducir-, del que surge que se expidió licencia de conducir a favor de la nombrada con fecha 10/06/08, y las renovaciones posteriores hasta el año 2014 (cfr. Fs. 279).
Así las cosas, cabe recordar que la exclusión de cobertura implica una manifestación negocial por la que, explícita o implícitamente, el asegurador expresa su decisión de no tomar a su cargo, no cubrir, no garantizar, las consecuencias derivadas de la realización del riesgo. En ese caso, el riesgo se halla formalmente fuera de la garantía comprometida por el asegurador. En síntesis, habrá riesgo excluido o evento no cubierto todas las veces que el siniestro se verifique en circunstancias que el contrato prevé como no idóneas para hacer funcionar la cobertura asegurativa (Stiglitz, Rubén S., Derecho de Seguros, 4ta. Edición, Bs. As. 2004, T° I, págs. 232/233). En lo que aquí interesa, la finalidad de la cláusula excluyente de responsabilidad por carencia de carnet habilitante, es evitar que el automotor sea conducido por quien es inepto para ello, pues de lo contrario se incrementaría anormalmente el riesgo, favoreciendo la protección patrimonial de una conducta generadora de severo peligro para la sociedad (cfr. Stiglitz, Rubén S., ob.cit., pág. 236).
De esta forma, se advierte que la idoneidad requerida en la conducción es un presupuesto técnico para la cobertura del seguro frente a un accidente de tránsito que se comprueba objetivamente con la habilitación de la autoridad administrativa. Ello, por cuanto el permiso para conducir es el documento que el Estado provincial, nacional o municipal, extiende a una persona, y por medio del cual garantiza a la sociedad que dicha persona -previo a la aprobación de distintos exámenes- es idónea y está en condiciones físicas y mentales para conducir adecuadamente un determinado vehículo.
Sentado ello, corresponde analizar las particularidades del caso en estudio a fin de determinar si resulta operativa la exclusión de cobertura, por cuanto el presupuesto de hecho, tal como está expresado en la póliza, no debe ser aplicado mecánica o rígidamente, sino que corresponde adoptar un criterio que atienda a la razonabilidad de su adaptación al caso concreto (cfr. Stiglitz, Rubén S., ob.cit., T°I pág. 237).
En autos, se halla reconocido por la propia compañía de seguros que la codemandada Ibarrondo a la fecha del siniestro contaba con carnet de conducir vencido (cfr. fs. 56 vta.). De tal afirmación se infiere que se le otorgó a la conductora habilitación para manejar con anterioridad al ilícito, y se encuentra demostrado también que quince días después de su acaecimiento se expidió a su nombre licencia habilitante (el 10/6/08 cfr. fs. 279), lo que permite presumir, en el caso particular bajo análisis, su capacidad para conducir vehículos, más allá de que circunstancialmente hubiera caducado la licencia obtenida antes de la colisión (cfr. CNCiv. Sala M, 28/10/11, “Filiberto, Lidian Isabel c. Maceratesi, Osvaldo y otros s/ daños y perjuicios”; CNCiv., Sala L, 15/02/10, “D’Agostino Alberto José y otro c/ De Leo Antonio Ramón y otros s/ daños y perjuicios”).
Máxime teniendo especialmente en cuenta que no se trata de un supuesto de falta de licencia, en el que la conductora nunca se sometiera a las pruebas de aptitud psico-físicas y exámenes teórico-prácticos de conocimientos sobre conducción, sino de vencimiento de la misma, obteniendo su nueva expedición a sólo quince días del suceso.
En definitiva, entiendo que en el sub lite la infracción administrativa señalada no importó una agravación del riesgo cubierto que torne operativa la exclusión de cobertura intentada por la compañía de seguros.
Súmase a ello, el hecho de que no se advierte relación causal alguna entre la falta de habilitación para conducir y la ocurrencia del siniestro, el que como vimos no se debió a la carencia de aptitud o pericia para el manejo sino a una conducta imprudente de la conductora.
En virtud de todas estas consideraciones, y teniendo presente la función social del seguro de cara a la reparación del daño injustamente padecido por la víctima, considero que corresponde modificar este aspecto de la sentencia, y desestimar en consecuencia la defensa de la citada en garantía. En consecuencia, me inclino por admitir las quejas del actor y de los demandados sobre este punto, y hacer extensiva la condena en forma concurrente a “Bernardino Rivadavia Cooperativa de Seguros Limitada” en la medida del seguro y en los términos del art. 118 de la Ley 17418.
III. Por todo lo expuesto, y si mi voto fuese compartido, propongo: 1) Revocar parcialmente el fallo apelado en cuanto admite la excepción de falta de cobertura opuesta por “Bernardino Rivadavia Cooperativa de Seguros Limitada”, rechazándose la misma, y extendiéndose concurrentemente la condena a dicha aseguradora en la medida del seguro y en los términos del art. 118 de la Ley 17418. Con costas de ambas instancias en el orden causado por las particularidades de la cuestión (arts. 68 y 279 del Código Procesal); 2) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto decide y fuera motivo de agravios. Las costas de Alzada se imponen a los demandados vencidos (art. 68 del Código Procesal).
La Dra. Cortelezzi y el Dr. Díaz Solimine adhirieron al voto del Dr. Alvarez Juliá.
Con lo que terminó el acto.
LUIS ALVAREZ JULIÁ – BEATRIZ LIDIA CORTELEZZI – OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE
Y VISTOS: Por la votación que instruye el acuerdo que antecede se RESUELVE: 1) Revocar parcialmente el fallo apelado en cuanto admite la excepción de falta de cobertura opuesta por “Bernardino Rivadavia Cooperativa de Seguros Limitada”, rechazándose la misma, y extendiéndose concurrentemente la condena a dicha aseguradora en la medida del seguro y en los términos del art. 118 de la Ley 17418. Con costas de ambas instancias en el orden causado por las particularidades de la cuestión (arts. 68 y 279 del Código Procesal); 2) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto decide y fuera motivo de agravios. Las costas de Alzada se imponen a los demandados vencidos (art. 68 del Código Procesal).
Ponderando el mérito, valor, extensión y complejidad de las tareas realizadas, etapas cumplidas, proporcionalidad que deben guardar los emolumentos de los auxiliares de la justicia con los de los profesionales del derecho, monto en juego y lo prescripto por los arts. 6, 7, 9, 10, 14, 19, 37 y 38 del Arancel; arts. 6, 80 y 88 del Decreto 7887/55; art. 3° del Decreto ley 16638/57 y arts. 279 y 478 del Código Procesal, por las actuaciones desarrolladas en Primera Instancia, se regulan los honorarios del Dr. Marco Gabriel Santángelo, en la suma de $; los del Dr. Cristian Adrián Antonelli, en la suma de; los del Dr. Néstor Enrique Couceiro, en la de $; los de la Dra. Rosana Carina Medone, en la de $ y los del Dr. Gabriel A. Mammana, en la de $.
Asimismo, se determinan los emolumentos de la perito médica Dra. Patricia Cristina Brizuela, en la suma de $; los del perito ingeniero mecánico Andrés Guillermo Fernández Cendoya, en la de $; los de la perito contadora Amalia Verónica Belsanti, en la de $; los del consultor técnico (ingeniero mecánico) Alejandro Sergio Antonow, en la de; los del consultor técnico (médico) Dr. Jaime Israel Rosemberg, en la suma de y los del consultor técnico (psicólogo) Leonardo Isaac Birman, en la de $…
Finalmente, y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo C: Anexo III, art. 1° inc. g) del Decreto 1467/2011, sólo cabe fijar la retribución de la mediadora Dra. Mirta Susana Raninqueo, en la suma de $…
Por la labor en la Alzada, se regulan los honorarios de la Dra. Rosana Carina Medone, en la suma de $…; los del Dr. Néstor Enrique Couceiro, en la de $ y los del Dr. Gabriel A. Mammana, en la de $, todos los que deberán abonarse en el plazo de diez días corridos.
Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada 15/2013) y devuélvase.
LUIS ALVAREZ JULIÁ – BEATRIZ LIDIA CORTELEZZI – OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE.

Cesa la cuota alimentaria por mayoría de edad. El alimentado debe acreditar estudios terciarios o universitarios.

U.M.R.A. c/ U.C.S. s/ incidente reducción cuota alimentaria
Cámara de Apelaciones lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén Sala/Juzgado: I
10-nov-2015
Debe revocarse la resolución que decretó la caducidad de la obligación alimentaria al haber alcanzado la alimentada la edad de veintiún años, pues debió correrse traslado a la joven con el fin de que ella pudiera expresar sus defensas y demostrar si se encontraba cursando estudios universitarios o terciarios, conforme lo previsto en el art. 663 del CCivCom.
Fallo:
NEUQUEN, 10 de Noviembre de 2015.
Y VISTOS: En acuerdo estos autos caratulados “U.M.R.A. C/ U.C.S. S/ INC. REDUCCION CUOTA ALIMENTARIA” (INC Nº 59327/2013) venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia de Familia N° 3 a esta Sala I integrada por los Dres.Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y CONSIDERANDO:
I.- Viene esta causa a estudio para considerar el recurso de apelación interpuesto por U.C.S. – mayor de edad- respecto de la resolución que en fecha 11 de Septiembre de 2015, a pedido de su progenitor, decreta la caducidad de la obligación alimentaria, por haber alcanzado la mayoría de edad. En su memorial de fs 161/163 argumenta en su favor que el cese se dispuso sin haberse corrido traslado a su parte, con el fin de ejercer el derecho que le confiere el art. 663 del C.C. y C., por lo que entiende que ello afecta el derecho de defensa y debido proceso (art. 18 C.N.). Manifiesta que se encuentra cursando una carrera de grado -ABOGACIA- en una universidad privada con todos los gastos que ello implica, además de encontrarse afectada en su salud (HPV en tratamiento, soplo en el corazón e hipotiroidismo) y de convivir con su madre quien es discapacitada y sólo percibe una pensión no contributiva de $ 2.900, por lo que solicita se revoque la providencia atacada, con costas. Corrido traslado del memorial, el progenitor contesta a fs. 166/167, manifestando que el cese de su obligación alimentaria se produce a los 21 años, conforme lo dispone el art. 554 inc c) del CCyC, y que ofrece mantener la obra social atento al estado de salud de su hija, entendiendo que su obligación alimentaria ha expirado de conformidad a las previsiones del art. 541 de CCyC, ofreciendo al solo efecto conciliatorio el 10% de sus haberes, a fin de posibilitar que continué sus estudios universitarios.II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión planteada, debe señalarse que si bien es cierto que el derecho alimentario de los hijos cesa cuando éstos alcanzan la edad de 21 años (conforme lo dispuesto por el art. 658 2do párrafo, del CCyC), el art. 663 dispone que: “La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente”. En el caso de autos, el juez de grado, con fundamento en la edad de la joven -21 años-, dispuso el cese de la cuota alimentaria establecida a su favor. Como regla, la obligación “extendida” de los padres cesa a los 21 años. Pero no puede desconocerse que en numerosas oportunidades coincide con la época en que el hijo se encuentra cursando sus estudios terciarios o universitarios, que implican gastos y una dedicación y carga horaria que limita considerablemente las posibilidades del estudiante de obtener y desempeñar un trabajo rentado en forma paralela a los estudios. Para que proceda, debe acreditarse que el hijo continúa sus estudios o preparación profesional de un arte u oficio, y que esa actividad le impide proveerse los medios necesarios para sostenerse independientemente. A fin de evitar el ejercicio disfuncional del derecho, el actor debe probar también las necesidades que no puede satisfacer, así como el cumplimiento regular del plan de estudios. En consecuencia, no es suficiente la mera prueba de estar inscripto en la matrícula; debe justificar que el horario de cursado o el cumplimiento de otras obligaciones curriculares, le impiden realizar una actividad rentada para sostenerse en forma independiente. En tanto se trata de una excepción a la regla general, la carga de la prueba de estos requisitos recae sobre el hijo que pretende la prestación, sin perjuicio de la aplicación del art. 710 CCyC.Así entonces, atento a las particularidades del presente, y en función de la nueva normativa introducida por el CCyC en su art. 663, entendemos que al momento en que el alimentante solicitó el cese de la cuota por mayoría de edad, debió correrse traslado a la joven con el fin de que ella pudiera expresar sus defensas y demostrar si se encontraba cursando estudios universitarios o terciarios, o la prueba de que intentara valerse. Dicho esto, corresponde que esta Alzada revoque el decisorio atacado y disponer que en la instancia de grado se corra traslado del pedido efectuado por el alimentante a fs. 140 a fin de que la joven pueda efectuar su descargo ante el juez de grado. Costas de Alzada al vencido (art. 69 del CPCyC). Por ello, esta Sala I
RESUELVE:
I.- Revocar el proveído de fs. 141 y disponer que en la instancia de grado se corra traslado del pedido de fs. 140 a la joven U.C.S.
II.- Imponer las costas de Alzada al vencido. (art. 68 del C.P.C.C.) y regular los honorarios de los letrados intervinientes en la suma de $., para la Dra. . en su carácter de patrocinante de la demandada y la suma de $. para la Dra. ., en su calidad de patrocinante del actor (Arts. 6, 7, 9, 39 y 15 L.A.) .
III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y vuelvan los autos al Juzgado de origen.
Dr. Jorge Pascuarelli – Dra. Cecilia Pamphile
Dra. Mónica MORALEJO – SECRETARIA

Aplicando el CCC, la CSJN dejó sin efecto una sentencia de divorcio dictada al amparo de la legislación civil anterior

T. M. M. D. y Otros c/C., E. A. s/Divorcio, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 29/3/2016.
Sobre la base de la derogación de las disposiciones del anterior Código Civil, que regulaba la disolución del matrimonio y admitía la distinción entre las causales objetivas y subjetivas que autorizaban el divorcio de los cónyuges, la CSJN dejó sin efecto una sentencia que había decretado el divorcio vincular por la causal de injurias graves por culpa del esposo. Al mismo tiempo, destacó que las cuestiones atinentes a la disolución del vínculo matrimonial (procedencia, modo, forma y efectos), en la actualidad se encuentran reguladas en los arts. 435 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, de aplicación al caso, y la circunstancia de que no exista decisión firme sobre el fondo del asunto, obsta a que se tenga por configurada una situación jurídica agotada o consumida bajo el anterior régimen que, por el principio de irretroactividad, impida la aplicación de las nuevas disposiciones.

Fallo completo

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 29 de marzo de 2016.
Considerando:
1) Que contra el pronunciamiento de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que revocó la decisión de primera instancia y decretó el divorcio vincular por culpa del esposo con sustento en la causal de injurias graves (art. 202, inc. 4 del Cód. Civ. -vigente a la fecha-), este último dedujo recurso extraordinario que, denegado, dio origen a la presente queja.
2) Que según conocida jurisprudencia del Tribunal sus sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario, y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión de la Corte deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuren circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (conf. Fallos: 306:1160; 318:2438; 325:28 y 2275; 327:2476; 331:2628; 333:1474; 335:905; causa CSJ 118/2013 (49-V) CS1 “V., C.G. c/I.A.P.O.S. y otros sobre amparo”, sentencia del 27 de mayo de 2014) .
3) Que en ese razonamiento, corresponde señalar que encontrándose la causa a estudio del Tribunal, ello de agosto de 2015 entró en vigencia el Cód. Civ. y Comercial de la Nación aprobado por la Ley Nº 26.994, norma esta última que derogó, entre muchas otras, las disposiciones del Cód. Civ. que regulaban la disolución del matrimonio, en particular las vinculadas con la distinción entre las causales objetivas y subjetivas que autorizaban el divorcio de los cónyuges, aspecto éste que constituye el fundamento del recurso extraordinario del apelante.
4) Que en tales condiciones, se presenta en el caso una situación sustancialmente análoga a la decidida recientemente por esta Corte en las causas CIV 34570/2012/201/RH1 “D.L.P, V.G. Y otro cl Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas si amparo”, sentencia del 6 de agosto de 2015, habida cuenta de que deviene inoficioso que este Tribunal se pronuncie sobre los planteos referentes a la configuración de la causal subjetiva admitida para decretar el divorcio, cuya existencia a los fines pretendidos ha fenecido por imperativo legal, sin que se advierta interés económico o jurídico actual que justifique un pronunciamiento sobre el punto al haber desaparecido uno de los requisitos que condicionan la jurisdicción del Tribunal (con£. Fallos: 318:2438; 327:4905 y 329:4717).
5) Que no obstante ello, a la luz de la doctrina mencionada, según la cual corresponde atender a las nuevas normas que sobre la materia objeto de la litis se dicten durante el juicio, no puede desconocerse que las cuestiones atinentes a la disolución del vínculo matrimonial -procedencia, modo, forma y efectos- se encuentran hoy reguladas en los arts. 435 y siguientes del Cód. Civ. y Comercial de la Nación, normativa que, en virtud de la regla general establecida en el art 7 del mencionado código, resulta de inmediata aplicación al caso.
La ausencia de una decisión firme sobre el fondo del asunto obsta a que se tenga por configurada una situación jurídica agotada o consumida baj o el anterior régimen que, por el principio de irretroactividad, obste a la aplicación de las nue-vas disposiciones.
6) Que en tales condiciones, atento al actual marco normativo y, en consonancia con ello, a los términos de la presentación ya efectuada por el recurrente en la instancia de grado (conf. fs. 526/19533 del expte. nro. 14.224/2012 y fs. 73/1979 de esa queja), a fin de que las partes puedan ejercer los derechos que les asisten, corresponde devolver las actuaciones al juez de la causa para que examine el asunto a la luz de las disposiciones vigentes y, en su caso, adecúe el proceso a dichas directivas. Ello así, en resguardo del debido proceso y de la garantía de la defensa en juicio.
7) Que sin perjuicio de lo expresado, de acuerdo con la doctrina de Fallos: 307: 2061 (“Peso”), ratificada en Fallos: 315:123; 327:3655; 328:2991 y 329:5068, con el objeto de evitar que la subsistencia del pronunciamiento apelado -en cuanto de-clara el divorcio de los cónyuges por culpa del esposo por la causal subjetiva prevista en el art. 202, inc. 4, del hoy de-rogado Cód. Civ.-, pueda causar un gravamen no justificado, corresponde dejarlo sin efecto.
Por ello, el Tribunal resuelve: Declarar inoficioso un pronunciamiento en el caso y, por las razones indicadas en el considerando 7, dejar sin efecto la sentencia apelada. Devuélvase la causa a la instancia ordinaria a fin de que, con el alcance expresado en el considerando 6, entienda en la controversia. Costas por su orden en virtud de los fundamentos de la presente (art. 68, segunda parte, del C.P.C.C. de la Nación). Agréguese la queja al principal. Por no corresponder, reintégrese el depósito de fs. 100. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Ricardo Lorenzetti – Elena Highton de Nolasco – Juan C. Maqueda

Filiación: la CSJN dio especificaciones sobre las reglas de apreciación de la prueba

G., A. N. c/S., R. s/Filiación, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 15/3/2016.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia que había rechazado la acción de filiación iniciada por la curadora definitiva de su hija incapaz y tutora de su nieta nacida como producto del abuso sexual del que fuera autor el presunto padre de la niña, teniendo en cuenta que las circunstancias del caso afectaron derechos de dos personas particularmente vulnerables, a saber, el de identidad de la nieta de la actora y los derivados de la condición de su hija discapacitada y presunta víctima de un acto de violencia sexual. Por otro lado, el Supremo Tribunal se refirió a las reglas de valoración de la prueba, indicando que si bien no tiene facultad de sustituir a los jueces de la causa en las decisiones que por su naturaleza les son privativas, debe exceptuarse dicho criterio cuando la sentencia apelada no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso, o se sustenta en motivos eminentemente formales o prescinde del examen de elementos de prueba conducentes y cuyo tratamiento fuere potencialmente relevante para modificar el sentido de la decisión adoptada, todo lo cual conduce a frustrar el esclarecimiento de los sucesos investigados y vulnera el derecho del debido proceso.

Texto completo del fallo

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 15 de marzo de 2016.
Considerando:
1) Que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que desestimó, por mayoría, los recursos de inaplicabilidad deducidos tanto por A. N. G. -en su carácter de curadora definitiva de su hija incapaz M. F. V. y tutora de su nieta R. A. V.-, como por la Asesora de Menores e Incapaces, y confirmó la sentencia que había rechazado la demanda de filiación promovida por aquélla respecto de R. J. S., a quien le atribuyó la paternidad de su nieta como consecuencia del delito de abuso sexual que habría cometido contra su hija.
Contra dicho pronunciamiento sólo la abuela interpuso recurso extraordinario que, denegado, dio origen a la presente queja.
2) Que los antecedentes del caso, los agravios de la recurrente y el alcance de la procedencia de la vía intentada, han sido adecuadamente reseñados en los puntos 11 a VI del dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante, que esta Corte Suprema comparte por razón de brevedad.
3) Que aun cuando ese criterio reiterado que las discrepancias de los apelantes con el criterio de selección y apreciación de las pruebas no autorizan a la Corte a sustituir a los jueces de la causa en las decisiones que por su naturaleza les son privativas, cabe hacer excepción a dicho criterio cuando la sentencia apelada no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso, se sustenta en motivos eminentemente formales y prescinde del examen de elementos de prueba conducentes y cuyo tratamiento fuere potencialmente relevante para modificar el sentido de la decisión adoptada, todo lo cual conduce a frustrar el esclarecimiento de los sucesos investigados y vulnera el derecho del debido proceso (Fallos: 301:559; 302:468; 307:511; 308:226; 315:113; 316:1205, entre muchos otros).
4) Que asimismo, en lo atinente a las reglas que rigen la carga de la prueba esta Corte también ha admitido que ellas deben ser apreciadas en función de la índole y características del caso sometido a la decisión del órgano jurisdiccional, principio éste que se encuentra en relación con la necesidad de dar primacía -por sobre la interpretación de las normas procesales- a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal (Fallos: 319:1577; 324:4123; 325:2713; 324:115, entre otros).
5) Que a la hora de valorar la fecha probable de fecundación y juzgar acerca de la presunta paternidad alegada, el superior tribunal ha priorizado la declaración testimonial de la médica de guardia por sobre las constancias de la historia clínica, lo manifestado por el profesional que la atendió durante su estadía en la Clínica Privada Therapia Norte y el dictamen de la oficina pericial departamental, sin dar ninguna explica- plausible respecto de los motivos de esa selección y despojando de todo correlato indiciario a aquellas constancias que podrían confirmar el inicio del embarazo entre el 4 y 10 de marzo de 1998, período en el que la hija de la actora y el presunto progenitor habían estado alojados en la clínica y no habrían gozado de permisos de salida (confr. fs. 97, 104/108, 131/160, 251 de la causa penal) .
6) Que en efecto, el superior tribunal hizo especial mérito de que la referida médica, cinco meses después de la denuncia por abuso sexual contra el demandado, habría recordado que a su ingreso el 4 de marzo de 1998 la paciente le habría referido tener un atraso menstrual, sin ponderar que dicha declaración aparecía, en principio, refutada por otros elementos objetivos.
Además de que no había dejado constancia de dicha circunstancia en la hoja de admisión, el profesional de cabecera manifestó desconocer el embarazo como haber recibido comentario alguno al respecto por parte de la paciente; el peritaje médico había fijado fecha de la fecundación entre ellO y 14 de marzo – más/menos una semana-, y la historia clínica del Hospital Materno Infantil de San Isidro había dado cuenta de una edad gestacional de 38 semanas al momento del parto, ocurrido el 15 de noviembre de 1998 (conf. fs. 84, 110, 170 del expte. principal; fs. 48, 57, 70 Y 96/130 de la causa penal)
7) Que asimismo, las constancias de la causa penal daban cuenta de que los internos de distintos sexos compartían la planta baja del establecimiento -lugar donde se encontraba ubicada la habitación del demandado- y de la constatación policial se desprendía que al examen físico efectuado el 8 de marzo de 1998 la paciente presentaba hematomas en diferentes partes de su cuerpo con una evolución aproximada de entre 24 y 36 horas.
Por otra parte, la propia enferma había descripto un sometimiento sexual por un paciente de la clínica de características similares al demandado y había negado haberse lastimado por una caída (conf. fs. 3, 8/9, 256 del expte. mencionado).
8) Que en tales condiciones, si bien es cierto que los jueces de la causa no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino solamente aquellas que estimen apropiadas para fundar sus conclusiones, cabe apartarse de dicho principio cuando se efectúa un examen parcial o fragmentario o se excluye un elemento oportunamente introducido en el juicio y que debió ser considerado desde que aparecía conducente para la dilucidación del pleito (conf. Fallos: 310:2236). Tal situación se configuró en el caso, pues resulta objetable la decisión apelada que priorizó unos datos y excluyó otros que podrían adquirir igual o mayor relevancia para dirimir el conflicto, sin dar una explicación aceptable respecto de los motivos de esa selección.
9) Que asimismo, resulta reprochable la valoración que el superior tribunal efectuó de la conducta adoptada por el demandado quien desde un principio se escudó en la negativa frente al relato de la actora y en el rechazo a la realización del Bstudio biológico, sin proporcionar ninguna aclaración sobre la conducta que se le atribuía, dar su propia versión de lo acontecido ni comparecer personalmente al proceso a los fines de se le imputaba. No pudo desconocerse que la teoría de las cargas probatorias jugaba aquí un papel fundamental, pues las opciones probatorias estaban acotadas por el escenario aislado en el que se habrían desarrollado los hechos y por la ínfima posibilidad de la actora para reconstruir el hecho dadas las características personales de la presunta víctima.
10) Que frente a dichos impedimentos objetivos y a la garantía de amplitud probatoria reconocida en el art 16, inciso i, de la Ley Nº 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres, el superior tribunal debió examinar con mayor exhaustividad las alegaciones de la actora que, lejos de resultar escasas, complementaban -a estar al alcance señalado en la sentencia- el indicio derivado de la negativa del demandado a la realización del estudio biológico previsto en el arto 4° de la Ley Nº 23.511 (conf. argo arto 579 del Cód. Civ. y Comercial de la Nación), evitando que aquél pudiera constituirse en el árbitro del litigio con sólo asumir una actitud prescindente y cancelando la única chance de prueba certera.
11) Que, por lo además, no pudo pasar desapercibido que las circunstancias señaladas adquirían especial consideración en razón de la índole del asunto planteado que afectaba hondamente los derechos de dos personas particularmente vulnerables, el de identidad de la nieta de la actora y los derivados de la condición de su hija discapacitada y presunta víctima de un acto de violencia sexual, aspectos que necesariamente exigían de los jueces un deber de tutela reforzado (Fallos: 328: 4832; 331: 1859) .
12) Que en tales condiciones, la sentencia apelada no constituye una derivación razonada del derecho aplicable a la luz de las constancias de la causa, por lo que las garantías constitucionales que se dicen vulneradas guardan nexo directo e inmediato con lo resuelto, por lo que corresponde admitir el recurso extraordinario y descalificar el fallo (art. 15 de la Ley Nº 48)
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal subrogante, se declara procedente la queja, formalmente admisible el recurso extraordinario y, con el alcance indicado, se revoca la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Agréguese la principal. Notifíquese y devuélvase.
Juan C. Maqueda – Elena I. Highton de Nolasco – Juan C. Maqueda.

21 may. 2016

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9 may. 2016

Tope a honorarios de martilleros por alquileres

Se aclara que este tope de honorarios de martilleros rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires un martillero cobra un mes equivalente al valor de un alquiler por su labor de intermediación inmobiliaria. 
La Justicia les trajo un poco de alivio a los inquilinos. Un juez porteño suspendió una resolución del Colegio de inmobiliarios que los habilitaba a cobrar hasta dos meses de comisión en la firma de un contrato de alquiler. Para la Justicia, el tope tiene que ser el 4,15% del total del contrato, según establece la ley.
La medida fue tomada por Marcelo Segón, titular del juzgado N° 17 en lo Contencioso Administrativa y Tributario de la Ciudad. En su fallo, el juez ordenó que se deje sin efecto la resolución N° 350 que firmó este año el Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), permitiéndoles a sus afiliados cobrar hasta dos meses de alquiler como comisión. Para el juez, esta medida va en contra de la ley N° 2.340 de la Ciudad, la misma que creó al Colegio en 2007, y que en su artículo N° 57 establece el tope del 4,15%.
La diferencia es notable. Si se considera que un alquiler de un dos ambientes en la Ciudad cuesta en promedio $ 5.457 mensuales (según la consultora Reporte Inmobiliario). Si la comisión fuera de dos meses alcanzaría los $ 10.914. En cambio, si se aplicara el 4,15% en un contrato típico de dos años que sumaría $ 130.968, la comisión final del inmobiliario sería de no más de $ 5.435, una cifra similar al de un solo mes de alquiler, lo que no es casual: si el contrato es de 24 meses, un mes es el 4,15% del total del plazo.
Pero en el CUCICBA tienen otra interpretación. Afirman que la entrada en vigencia del nuevo Código Civil permite que las partes se pongan de acuerdo en las comisiones a pagar, más allá de la ley local. Como una ley nacional decía algo distinto que una ley local, y se producía así una suerte de vacío legal, en el Colegio explicaron que resolvieron poner el tope de los dos meses hasta tanto se aclarara la cuestión legal. Respecto del fallo del juez Segón, voceros de la institución informaron que lo están estudiando y que recién hoy darán una respuesta.
El fallo llegó en un momento complicado para los inquilinos, que en Buenos Aires son más de 900.000. Producto de la inflación, para la renovación de alquileres los dueños están pidiendo hasta un 40% más de dinero que el año pasado, y en la mayoría de los casos se establecen aumentos semestrales. Así, ya es casi imposible conseguir un dos ambientes por menos de $ 3.000 mensuales, y en Palermo, el barrio más buscado, puede llegar a $ 8.700 por mes.
A ese dinero hay que sumarle todos los otros costos que afrontan los inquilinos y que también están en alza, como la luz o el gas, y próximamente las expensas, de la mano de los aumentos salariales que se vienen para los encargados de edificios.
Por eso, el fallo fue celebrado por los inquilinos. La causa había sido iniciada por el vecino Gervasio Muñoz, también integrante de Inquilinos Agrupados, y por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), quienes destacaron el hecho de que en el fallo el juez Segón haya remarcado “la importancia del derecho al acceso a la vivienda digna, a cuyo acceso se ven dificultados los inquilinos de la Ciudad debido al cobro de comisiones que exceden lo permitido”.
Mientras existe esta disputa en la Justicia, en la Legislatura se discute un proyecto para regular las comisiones. Lo presentó el diputado Adrián Camps, del Partido Socialista Auténtico, quien propone establecer el 4,15% de comisión en el cuerpo de la ley (hoy figura en una cláusula transitoria). Este proyecto ya fue acompañado por otros legisladores de la oposición, mientras que en el macrismo reconocieron que lo tienen “en estudio”.