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En la ciudad de Dolores, a los trece días del mes de
noviembre del año dos mil catorce, reunida la Excma. Cámara
de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento
Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar
sentencia en causa Nº 93.750, caratulada: "ALARCON MARCELA
MARIA JOSE C/ CONSORCIO DE PROP. LAS MEDUZAS DE PINAMAR S/
DAÑOS Y PERJUICIOS", habiendo resultado del pertinente
sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución
Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el
siguiente orden: Doctores Silvana Regina Canale y María R.
Dabadie.
El Tribunal resolvió plantear y votar las
siguientes:
C U E S T I O N E S
1a. ¿Es justa la sentencia apelada?
2a. ¿Qué corresponde decidir?
V O T A C I Ó N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA
DOCTORA CANALE DIJO:
I. Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en
virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 764,
768 y 770 contra la sentencia de fs. 753/765; cuyas
expresiones de agravios lucen a fs. 790/794, 796/799 y
801/810, con réplicas de sus contrarias a fs. 812/813, 815 y
817/822. Firme el llamado de autos para sentenciar y
practicado el sorteo de rigor, se encuentran los autos en
condiciones de resolver en esta instancia (art. 263 del
CPCC).
Mediante tal pronunciamiento, se hace lugar a la
acción promovida contra el Consorcio de Propietarios Las 
Medusas de Pinamar en virtud de los daños sufridos a raíz
del accidente del 12-06-2008 como consecuencia del
defectuoso funcionamiento de un calefón, en el que perdió la
vida su hija. La condena se hace extensiva a Allianz
Argentina Compañía de Seguros S.A., al rechazarse la
excepción de falta de legitimación opuesta con fundamento en
la exclusión de cobertura.
Tanto actora como demandada se agravian de los
montos otorgados en concepto de rubros indemnizatorios; la
citada en garantía lo hace respecto del rechazo de su
defensa. Por una cuestión de orden me avocaré en primer
lugar a los agravios dirigidos a los montos otorgados.
II. En forma previa, cabe referir que en la
valoración del daño ocasionado no se debe soslayar el
principio de la reparación integral; los jueces deben
establecer prudentemente el monto de la indemnización, sin
que para ello deban utilizarse formas estrictas o
matemáticas, y con arreglo a las distintas pautas
orientadoras para el caso –art. 165 CPCC-. En definitiva, lo
importante resulta arribar a una justa compensación de las
afectaciones producidas a la víctima del ilícito civil,
debiendo procurarse que la indemnización sea plena e
integral (causa nº 86.270, Sent. del 20/V/2008).
a. Valor vida: La actora reclamó este concepto por
el fallecimiento de su hija menor; la sentenciante de grado
otorgó la suma de $ 150.000 que resulta motivo de agravio
por ambas partes.
Por un lado la demandante estima reducido el monto
pues a su situación económica se ha sumado lo que implica el
fallecimiento de su hija como único sostén futuro; que su
pareja también falleció en el mismo hecho y tiene a su cargo
un hijo discapacitado, circunstancias que la dejan ante un
importante estado de necesidad.
La demandada juzga que no se evidencia cual ha sido
el parámetro utilizado para la justipreciación del rubro.
Sobre este tópico, el Tribunal ha dicho que la vida
humana no tiene un valor en sí misma porque no está en el
comercio, ni puede cotizarse en dinero. Es un derecho a la
personalidad, el más eminente de todos, pero no obstante la
importancia que tiene para el hombre su vida, no constituye
un bien en el sentido que usa esa denominación el art. 2312
del CC como objeto material o inmaterial susceptible de
valor. Sólo tiene valor económico en consideración a lo que
produce o puede llegar a producir. La muerte de una persona
puede ocasionar daños a sus familiares, pero ellos no
dependen de la muerte en si misma sino de los daños actuales
o eventuales que dicha muerte puede haber ocasionado. Si no
hay daño económico no existe ningún perjuicio que
indemnizar, lo que hay es un daño moral y eso si es
indemnizable (causa de este Tribunal nº 90456 Sent. del 3-
11-2011). En el caso de hijos menores de edad existe
consenso respecto de que lo que se indemniza es la pérdida
de una chance, entendiendo por ésta la probabilidad de una
ganancia que se vio frustrada (SCBA, Ac. 44.497 del 21-8-
90).
Expectativa de acompañamiento por parte de los hijos
que además de ser afectiva remite a la seguridad económica
integral. La muerte de un hijo quiebra esa razonable
expectativa y genera un riesgo de inseguridad ante la futura
ancianidad de sus padres; rompe una esperanza con contenido
económico (SCBA, Ac. 51.706, del 27-9-94).
En el caso, teniendo en cuenta tales principios y
que para fijar la indemnización no se aplicarán fórmulas
matemáticas sino que deberán valorarse las circunstancias
particulares de la víctima y del damnificado -edad, grado de
parentesco, profesión, ingresos, posición económica y 
social, expectativa de vida-, considero que el monto
otorgado resulta prudente y razonable de acuerdo a los
hechos probados en la causa (arts. 375 y 384 del CPCC).
Se trata de la muerte de una niña de diez años al
momento del hecho que sin dudas podría haber significado con
el paso del tiempo el único o por lo menos un importante
sostén futuro de su madre. La Sra. Alarcón, además de perder
a su hija también perdió a su esposo en el mismo hecho de
autos, como sustento económico de la familia.
A su vez, cabe destacar que se ha quedado sola al
entero cuidado de un único hijo menor de edad -hermano de la
niña fallecida- que sufre de una discapacidad mental, visual
y visceral total y permanente, que requiere atención
contínua y rehabilitación (v, certificado de fs. 339,
informe de fs. 378/380).
Así, debe valorarse la situación de la damnificada
avocada al cuidado de su hijo discapacitado y que dependía
de los ingresos de su marido como encargado del edificio; si
bien refiere en la entrevista psicológica de fs. 680/683 que
posee título terciario de Maestro Mayor de Obras y que a la
época de la pericia se desempeñaba como empleada del
municipio, lo cierto es que si bien no existe en el caso
prueba que acredite los ingresos particulares de la actora,
ello no resulta suficiente para reducir el monto otorgado
ante las circunstancias referidas. Por tales razones, y
siendo que el reclamo debe acogerse en cuanto al perjuicio
que se concreta en la pérdida del auxilio que prestara la
víctima, juzgo que el monto establecido en concepto de valor
vida, aparece como el prudente ejercicio del arbitrio
judicial, por lo que he de propiciar que se confirme la
cantidad establecida (arts. 165, 384 del CPCC; 1067, 1068,
1069, 1079, 1083, 1084, 1085 del CC).
b. Daño moral: La iudex a quo otorgó la suma de $
200.000, motivo de agravio para ambas partes.
La indemnización del daño moral, que tiene por
objeto resarcir el quebranto que supone la disminución de
aquellos bienes que tienen un valor principal en la vida del
hombre, no esta sujeto a reglas fijas, su reconocimiento y
cuantía depende, en principio, del arbitrio judicial, para
lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea
necesaria otra precisión (SCBA, Ac. 55.774, del 14 de mayo
de 1996). Su apreciación se ciñe estrictamente a las
afecciones espirituales, ninguna relación de
proporcionalidad guarda con el resto de los daños
reclamados, no encontrándose sujeto a cálculos matemáticos,
debiendo fijarse a la luz de la razonabilidad y la
prudencia. Para su cuantificación, debe considerase su
carácter resarcitorio y en particular la índole del hecho
generador.
En razón de ello la evolución de su monto es de
difícil estimación por su naturaleza, toda vez que en el
caso significa nada menos que tratar de medir el sufrimiento
de la madre a raíz de la muerte de su hija.
Conforme lo expuesto, se ha de atender que a
consecuencia del hecho –en que la demandada resultó
responsable de manera total- devino el fallecimiento de la
menor de 10 años de edad, cuyo cadáver fuera encontrado por
su madre, circunstancia ésta que sin duda configura el daño
moral resarcible.
Valorando especialmente las características que
rodearon al hecho, la forma y el lugar donde se produjo, el
vínculo familiar, el padecimiento sufrido como la necesaria
repercusión en la vida futura de la progenitora, estimo
ajustada a derecho la suma otorgada en la instancia de grado
(art. 165 y conc. del CPCC; 1078 y conc. del CC).
c. Daño psíquico: La iudex a quo con base en la
pericia de fs. 680/683 fijó la suma de $ 50.000, que la
actora considera baja y la demandada elevada.
El detrimento por daño psíquico refiere a aquellas
alteraciones patológicas de la personalidad de la víctima
sea que se asienten en algunas o varias de sus áreas
afectivas, intelectuales, volitivas que debiendo tener
necesariamente una relación de causalidad con el hecho
acaecido, impide a la víctima realizar las mismas
actividades que antes hacía y que pueden afectar distintas
facetas de la vida cotidiana o de relación, incluso la
laboral. En tal sentido, resulta importante destacar que es
necesaria para su procedencia la existencia de una secuela
incapacitante que no pueda revertirse con un tratamiento.
Por ello, no obstante su dificultad probatoria, su
configuración y clasificación, determinación de alcances y
vinculación causal o concausal con el hecho lesivo, exige en
cada caso, la intervención de expertos con conocimientos
especiales sobre dichos aspectos de la salud humana, toda
vez que son ajenos a los conocimientos científicos y
empíricos del juez. Conforme los parámetros señalados,
estimo que en este caso el daño alegado no ha sido
acreditado (arts. 375, 384, 457, 472, 473, 474 y concs. del
CPCC; 1068, 1078 y concs. del CC).
Es que más allá de la consideración de la experta en
cuanto a que según su entender, sería aconsejable un
tratamiento psicológico, ello hace a las vivencias propias
de la actora y no al daño psíquico en sí mismo, el que
conforme la experticia no se encuentra acreditado; las
vicisitudes sufridas por la accionante a raíz del evento no
se erigen en una patología que limite su capacidad y, por
ende, deba ser resarcida. Adviértase que de la pericia no se
desprende que efectivamente la actora padezca de una secuela 
psíquica incapacitante propiamente dicha conforme los
parámetros dados, y que sea consecuencia directa del hecho
dañoso.
Si bien de dicho informe surge un proceso de
elaboración psíquico incompleto, angustia, ansiedad, temor,
tendencias depresivas dificultades con el sueño, pérdida de
energía, lo cierto es que no se determina discapacidad
psíquica aun cuando se aconseja la apoyatura psicológica en
función de la conflictiva supraseñalada.
Sin perjuicio de ello, lo cierto es que la situación
traumática que atravesó la actora ha generado en ella
sentimientos de angustia de magnitud para lo que la experta
aconseja tratamiento terapéutico lo cual sin dudas debe ser
resarcido. Estimo pues suficiente para ello la suma otorgada
en la instancia de grado no encontrando causal alguna que
justifique su aumento o disminución (arts. 375, 384, 473,
474 del CPCC; 1068, 1078 y concs. del CC).
d. Vida en relación: La sentenciante consideró que
el rubro daño a la vida en relación por la muerte de la hija
de la actora no posee autonomía considerando su valoración
dentro del daño moral.
Ello configura el motivo del agravio de la actora,
quien refiere que tal concepto es autónomo en virtud -por
ejemplo- del impacto dañoso en su autoestima comprendiendo
la dimensión social y espiritual de su persona; cita la
pericia psicológica en cuanto a sus problemas anímicos y
dificultades para formar otra pareja.
Al respecto ha de decirse que con la finalidad de
cuantificar el daño a la vida en relación, debe valorarse
todo aquello que una persona no puede realizar a partir de
una minoración física, sean actividades laborales o no, para
sí o para otros, en relación a la vida ordinaria, o sea a
todas aquellas comodidades o valimientos que tiene el hombre 
sano y de las cuales se ve privada el incapacitado (ZAVALA
DE GONZALEZ, ob. cit., pág. 228).
A la luz de tal concepto, advierto que en el
presente caso no se dan los extremos supra señalados para
otorgar el rubro vida en relación en forma autónoma, desde
que no se trata aquí de una afectación a la vida en relación
de la actora partiendo de una aminoración física propia.
Tal como ha sido reclamado en la demanda y se
reitera en los agravios, la actora pretende un resarcimiento
por haberse alterado su vida cotidiana individual y social,
por tener baja autoestima y no encontrarse capacitada
anímicamente para formar una nueva pareja o familia, que no
tiene vida sexual, que no puede asistir a eventos entre
otras cuestiones. Ello siempre teniendo como norte evitar la
superposición de los rubros, entiendo que fue valorado al
tratarse el daño moral tal como lo hizo la sentenciante de
grado, razón por la cual considero que este agravio debe ser
rechazado.
III. Recurso de la citada en garantía.
La iudex a quo rechazó la defensa de no seguro
opuesta por la compañía de seguros quien alegó que el daño
ocasionado por la mala combustión del calefón, era un
supuesto de exclusión de cobertura conforme los términos de
la póliza de seguros.
De ello se duele la recurrente; indica que el
calefón es un artefacto fijo y no removible como indica
laiudex a quo, por lo que queda comprendido en la cláusula
que excluye los daños provocados por instalaciones fijas que
transporten o utilicen vapor, agua caliente y/o aceite sin
que tampoco haga mención al gas envasado o natural (supuesto
en análisis). Asimismo, refiere que la Sra. Jueza no
consideró la franquicia que surge de la póliza, debiendo 
limitar su responsabilidad a $ 65.000 y no de manera
ilimitada.
a. En cuanto al primer agravio referido a la falta
de cobertura, cabe referir que el recurrente invoca lo que
se desprende de la cláusula particular nº 950 item 3 punto
d) (fs. 250) que estipula que “Quedan excluidas las
responsabilidades como consecuencia de los daños producidos
por ...d) los daños que podría producir el uso de la o las
instalaciones fijas destinadas a producir, transportar o
utilizar vapor y/o agua caliente, ya sea con un fin
industrial de servicios o confort, o de aceite caliente para
calefacción incluidas las fuentes de los mismos con el
sistema de distribución y circulación de líquidos y
fluidos”. En razón de ello, considera que el calefón es un
artefacto fijo comprendido en dicha cláusula.
En primer lugar, cabe referir que sin perjuicio de
la disquisición en cuanto a si el calefón es o no una
instalación fija comprendida de dicha cláusula, lo cierto es
que ésta fue dejada sin efecto por otra cláusula incluida en
la póliza, nunca nombrada por el asegurador.
En tal sentido no resulta acertado analizar una
cláusula en particular, sino que los términos de la póliza
deben ser valorados en su conjunto y en concordancia con el
resto de sus cláusulas.
De la cláusula 933 incluida en las disposiciones
particulares de la póliza (fs. 250) expresamente dice
“contrariamente a lo indicado en la cláusula 950 inciso d)
de las condiciones de responsabilidad civil, el asegurador
se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a
un tercero en razón de la responsabilidad civil
extracontractual en que incurra como propietario de la o las
instalaciones fijas destinadas a producir, transportar o
utilizar vapor y/o agua caliente ya sea con un fin 
industrial de servicios o confort o de aceite caliente para
calefacción de procesos, incluidas las fuentes generadoras
de calor y sistemas de válvulas y colectores hasta la
conexión de los mismos con el sistema de distribución y
circulación de líquidos y fluidos. Es condición de esta
cobertura que tal responsabilidad sea la consecuencia de
daños que podría producir el uso de las instalaciones a las
personas o bienes de terceros, a causa de explosión,
incendio o escape de agua caliente, vapor o aceite caliente
o bien del combustible que fuese utilizado para calentar el
agua o aceite y que las características del inmueble y las
actividades que se desarrollan en el mismo coincidan con la
descripción enunciada en las condiciones particulares.
Dicha cláusula, que la compañía aseguradora no
menciona, deja sin efecto la 950, tal como asimismo lo
indica el perito a fs. 728.
Asimismo, de la cláusula particular nº 386 surge que
“el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por
cuanto deba a un tercero como consecuencia de la
responsabilidad civil que surge de la acción directa o
indirecta del fuego, rayo, explosión, descargas eléctricas y
escapes de gas”, razón por la cual, contrariamente a lo
sostenido por la aseguradora, el hecho ocurrido por un
escape de gas como consecuencia de la defectuosa combustión
del calefón se encuentra cubierto.
Conforme la autopsia de fs. 13 y vta. de la causa
penal, la niña inhaló un gas -monóxido de carbono-, por un
mal funcionamiento del aparato y “acumulación de monóxido de
carbono en un lapso superior a dos años” de conformidad con
el informe emitido por el perito gasista de fs. 73/73 de
dicha causa, razón por la cual considero que lo resuelto en
la instancia de grado debe ser confirmado.
b. En cuanto al segundo de los agravios referidos al
límite del monto de la cobertura, cuestión por la que
la iudex a quo no emitió opinión alguna, cabe referir que
ello resultó correcto en tanto resulta prematuro que el
fallo se expida sobre el modo en que debe aplicarse la
franquicia, cuando ello es cuestión a resolver en la etapa
de ejecución de sentencia si la cuestión es planteada como
ocurrió en el caso. La sentencia debe limitarse a señalar
que la aseguradora responde en la medida del seguro, tal
como lo dispone la ley (art. 118, ley 17.418; CC0002 SM
62310 RSD-25-10).
Ello previa aprobación de la pertinente liquidación,
y en la medida en que tal ejecución se dirija contra la
aseguradora (arts. 497, 501, 503, 504 y conctes. Cód.
Proc.), bastando en lo tocante al fallo que éste determine
las pautas sobre cuya base debe hacerse efectiva la
obligación de mantener indemne a su asegurado que pesa sobre
la aseguradora.
IV. Tasa de interés:
Se agravia la actora de la tasa de interés fijada en
la sentencia cuestionada. En la misma se dispuso aplicar la
tasa pasiva conforme Ac. 101774 de la SCBA desde la fecha
del evento -18 de mayo de 2007- hasta el efectivo pago (art.
622 del CC). Argumenta la recurrente que ello la coloca en
una injusta situación que impide tener una adecuada
actualización del resarcimiento atento el índice
inflacionario. Adelanto que tales fundamentos resultan
insuficientes para modificar lo resuelto.
La tasa fijada por el iudex a quo que se cuestiona
resulta ser la pertinente, toda vez que el pronunciamiento
de nuestro Superior Tribunal señalado en la sentencia -Ac.
101.774, Sent. del 21-IX-2009- constituye doctrina legal
(art. 161 Const. Provincial), y en tal sentido ha sido 
receptada por este Tribunal en causas Nº 87.991, RSD-183-9,
Sent. del 15-12-2009; Nº 88.881, RSD-184-10, Sent. del 14-9-
2010, entre otras). En virtud de ello, corresponde rechazar
el presente agravio.
VOTO POR LA AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTION LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE
DIJO:
I. Sabido es que de conformidad con el art. 279 inc.
1 del CPCC la violación de la doctrina legal conlleva la
revocación de la decisión por vía del recurso extraordinario
de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.
El Superior Tribunal Local ha adoptado una fórmula
por la cuál no es necesario señalar cuántas veces debe
repetirse la doctrina asentada en sus decisiones para ser
tenida como tal, me refiero a su obligatoriedad de
aplicación para los tribunales inferiores bajo la sanción
antes indicada.
Ahora bien, en lo que respecta al tema en general es
mi opinión que la doctrina legal, que entre otras funciones
tiene la de cumplir con la previsibilidad de la decisión
judicial y con ello la seguridad jurídica, debe seguir aún
de modo mesurado y razonable los vaivenes relevantes que
afectan en particular a la economía, en este espacio
entiendo deben quedar encuadrados los intereses que ha de
devengar la condena por indemnización de daños y perjuicios.
II. En mi opinión personal que hace a la cuestión en
particular, tengo convicción que en el caso resulta de
aplicación lo decidido por este Tribunal en la Causa 86.976,
en la que se dijo que a partir de adquirir firmeza la
sentencia condenatoria debe devengar la tasa actica de
interés que informe el Banco de la Provincia de Buenos Aires
en sus operaciones de cartera general a 30 días vigente en
los distintos períodos de aplicación a fin de desalentar la 
morosidad en el cumplimiento de la obligación. Sin perjuicio
de ello y ante el cumplimiento que se debe a la doctrina
legal de la Suprema Corte Provincial he de adherir a los
decidido por la colega de primer voto, Dra. Canale.
ASI LO VOTO
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA
DOCTORA CANALE DIJO:
En virtud de la votación precedente, propongo al
Acuerdo rechazar los recursos de apelación interpuestos y
confirmar la sentencia apelada en lo que ha sido materia de
agravios. Las costas seguirán la suerte de las de la
instancia de grado conforme el principio de la reparación
integral (arts. 68, 165, 375, 384, 474 del CPCC; 622, 1067,
1068, 1069, 1078, 1079, 1083, 1084 del CC; 118 Ley de
Seguros).
ASI LO VOTO.
LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE ADHIRIÓ AL VOTO
PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO, DICTÁNDOSE
LA SIGUIENTE
S E N T E N C I A
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que
antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, este
Tribunal resuelve rechazar los recursos de apelación
interpuestos y confirmar la sentencia apelada en lo que ha
sido materia de agravios. Las costas seguirán la suerte de
las de la instancia de grado conforme el principio de la
reparación integral (arts. 68, 165, 375, 384, 474 del CPCC;
622, 1067, 1068, 1069, 1078, 1079, 1083, 1084 del CC; 118
Ley de Seguros).

Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.

Abogados en Mar del Plata - Derecho Administrativo - Remuneración - Conceptos No Remuneratorios - Administración Pública - Empleo Público

Abogados en Mar del Plata - Derecho Administrativo - Remuneración - Conceptos No Remuneratorios - Administración
Pública - Empleo Público



Corresponde confirmar la sentencia declarándose el carácter
remunerativo y bonificable de los suplementos otorgados por
Decreto N° 2807/1993 y sus modificatorias, condenando así al
Estado Nacional a abonar las diferencias salariales adeudadas
por dicho concepto, en tanto el hecho de que los agentes
perciban sumas diferenciales de acuerdo a la situación
particular en que se encuentran no quita su carácter
remuneratorio, y por lo tanto tienen la misma naturaleza del
rubro sueldo que se trata solamente de una base liquidatoria,
que actúa como piso de la remuneración a la que tiene derecho
el agente.
Los suplementos del Decreto N° 2807/1993 se tratan de sumas
que se perciben regularmente en forma mensual en razón de la
relación de empleo que media entre el Estado y el agente
penitenciario, en razón de la prestación de servicios a las
instituciones, y conforme determinadas circunstancias, por
las que se le hace merecedor de una prestación mayor a la del
sueldo previsto en la escala salarial correspondiente.

Jurisprudencia
Remuneración - Conceptos No Remuneratorios - Administración
Pública - Empleo Público
Tribunal: Cám. Nac. de Apel. en lo Cont. Admin. Fed.
Autos: Villalón, Miguel A. y Otros c/EN - Ministerio de
Justicia y Otro s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de
Seguridad
Fecha: 12-02-2015

Abogados en Mar del Plata - Derecho Laboral - Sanción extemporánea no justifica despido con causa

Abogados en Mar del Plata - Sanción extemporánea no justifica despido con causa



La Sala IX de la Cámara del Trabajo consideró que un despido fundado en sanciones extemporáneas no se encuentran justificadas en lo estipulado en el art. 242 de la ley de Contrato de Trabajo.

De este modo, la Cámara recogió lo dictaminado en primera instancia y sostuvo que "la suspensión dispuesta casi dos meses después de que sucedieran los hechos que la motivaron resultó ser manifiestamente extemporánea" y en consecuencia, "ese antecedente no puede ser tenido en cuenta a los efectos de justificar el despido decidido por la empleadora".

Agregó que "las injurias invocadas por el empleador a los efectos de justificar el despido no revistieron gravedad suficiente en los términos del art. 242 de la LCT" y que "si bien la quejosa alega haber intimado verbal y telefónicamente al actor a los efectos de que justificara sus inasistencias, lo cierto es que dichas circunstancias no fueron debidamente acreditadas en autos, y tampoco se invocó ni acreditó que lo hubiera intimado fehacientemente".

Abogados Mar del Plata - Derecho de Familia - Adopción plena de la hija del cónyuge conforme al Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Abogados en Mar del Plata - Derecho de Familia - Adopción plena de la hija del cónyuge conforme al Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación


Se otorgó la adopción plena de la menor P.P.S.A, al marido, manteniendo subsistente el vínculo biológico, el apellido materno y los efectos jurídicos derivados, ordenando la expedición de una nueva acta de nacimiento de la menor por parte del Registro de Estado Nacional y Capacidad de las Personas de la provincia de Salta teniendo en miras la nueva legislación dispuesta en el nuevo Código Civil y Comercial.

La sentencia establece que si bien “el art. 313 del Cód. Civil dispone que la adopción del hijo del cónyuge siempre será simple y el art. 323 del mismo cuerpo legal prescribe que la adopción plena es irrevocable, confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen, dejando de pertenecer este último a su familia biológica y se extingue el parentesco con los integrantes de la misma así como todos sus efectos jurídicos, con la sola excepción que subsisten los impedimentos matrimoniales” y que “el adoptado tiene en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico”.

También consideró que si bien "se ha remarcado que tratándose del hijo del cónyuge, el fin de la adopción es evidente porque se propende a integrar a la familia legítimamente constituida por ambos cónyuges y los hijos habidos del matrimonio a los que solamente reconocen vínculo filial con uno solo de los esposos. Generalmente (aunque no necesariamente) se tratará de los hijos de la mujer que, luego del matrimonio, son adoptados por el esposo con lo que adquieren su apellido y derechos hereditarios en situación de paridad con los eventuales hijos del matrimonio”.

Sin embargo, los magistrados consideraron que "partir del mes de agosto del corriente año, conforme a lo dispuesto por ley 27.077, entrará en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), que transforma profundamente el instituto de la adopción” y “si frente a esa realidad y ante tan pocos meses de su aplicación no resulta útil a los efectos aquí pretendidos por el Sr. P. y también por la menor S.A., mirar para adelante y proveer una solución más acorde a su realidad”.

Por ello, teniendo en consideración lo dispuesto por el artículo 630 del Nuevo Código Civil sostuvieron que "Este instituto es el que mejor resguarda los derechos de la menor, por lo que cabe precisar que aún cuando pudiera decidirse conforme a lo originariamente solicitado en la demanda, las partes podrán solicitar la transformación de la sentencia de adopción simple en sentencia de adopción de integración, inmediatamente con la entrada en vigencia de la ley 26.994" y agregó que "la adopción del hijo del cónyuge tiene un carácter integrativo o de integración familiar –tal como se pretende en realidad- y busca completar la familia nuclear del adoptado, incorporando la figura de la madre o del padre que falta, pero respetando y fortaleciendo con el progenitor que lo tiene bajo su guarda”.

Por lo que “Sólo la adopción plena va a permitir la máxima satisfacción de sus intereses y en ese camino no puede ponerse como obstáculo la destrucción del vínculo de sangre o biológico que mantiene la niña con su madre, con quien –además- convive y viene ejerciendo adecuadamente su responsabilidad parental”.

Abogados en Mar del Plata - Derecho Previsional - Beneficios previsionales. Suspensión por Deuda. Amparo.

Abogados en Mar del Plata - Derecho Previsional - Beneficios previsionales. Suspensión por Deuda. Amparo



La parte actora promueve acción de amparo tendiente a obtener la declaración inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso concreto de los art 2, 3 y concordantes del Decreto 1451/06 y 4, 5 y concordantes de la resolución Anses 884/06 y de cualquier norma que impida a la actora obtener su jubilación en virtud de la ley 25994 tal como lo hubiera podido hacer antes del 23/10/06. 

Las mencionadas disposiciones establecen en forma restrictiva que las personas que estuvieren percibiendo una pensión sólo adquirirán el derecho al cobro del beneficio previsional a partir de la cancelación total de la deuda reconocida

En primera instancia rechazaron el amparo al concluir que no se encontraba debidamente cumplido el requisito de la verosimilitud del derecho.

Sin embargo, la Cámara consideró concedió el amparo y sostuvo que "debe tenerse por acreditada la verosimilitud en el derecho cuando se vislumbre como posible, según las constancias de la causa, que quien demanda obtenga una sentencia estimatoria de la pretensión en el proceso; se entiende como la probabilidad de que el derecho exista, y no una incontestable realidad, que sólo logrará dilucidarse en la sentencia”. 

A su vez, sobre las disposiciones atacadas considero que "la inteligencia que cabe asignar a las normas de la seguridad social el puro rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de que no se desnaturalicen jurídicamente los fines que la inspiran, razón por la cual al resultado a que llega la interpretación que se proponga debe merecer una cuidadosa consideración".