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Estupefacientes: Casi cuatro de cada diez causas judiciales son por tenencia para consumo

La Procuraduría de Narcocriminalidad presentó un análisis descriptivo de las causas iniciadas por estupefacientes durante el año 2015 en el ámbito de la justicia federal. El documento elaborado por el Área de Análisis de Información y Planificación Operativa de la Procunar, que se propuso caracterizar las causas iniciadas por estupefacientes durante 2015 en el ámbito de la Justicia Federal, como una forma de acercarse a la dinámica de persecución penal en materia de narcocriminalidad, advirtiendo, a priori, su tendencia selectiva. El análisis de los datos contenidos en este informe demuestra que existe una gran incidencia de la persecución de delitos menores.

Allí, se detalla que en el 44% de los expedientes radicados en la justicia federal se investigan tipos penales previstos en la ley 23737 (de estupefacientes) o por violaciones al artículo 886 del Código Aduanero. El 56% restante fue por otras infracciones. La mayoría de los trámites judiciales (62%) comenzaron por acciones preventivas de fuerzas de seguridad.

La Procuraduría especializada puntualizó que "el peso de las causas iniciadas por estupefacientes -en relación al total de causas iniciadas- es aún mayor si extraemos del recuento a las jurisdicciones que han implementado -para principio de 2015- la ley de desfederalización". En esas jurisdicciones que no han adherido a la ley 26.052, sobre 38030 investigaciones, el 54% corresponde a expedientes por drogas.

Frente a esto, el informe concluye que “no puede dejar de advertirse una gran preocupación al analizar la respuesta estatal al fenómeno de las drogas. Cuando se desglosa el real significado de la actividad de todos los organismos del Estado involucrados en la persecución penal, se pone de manifiesto que la respuesta visible a este problema no opera en verdad sobre sus causas, sino en gran medida sobre sus consecuencias. Recientemente la comunidad internacional señaló la necesidad de intensificar los esfuerzos en la persecución respecto del tráfico de estupefacientes y la criminalidad organizada, haciendo hincapié en la “adopción de medidas de prevención de la delincuencia relacionada con las drogas y de aplicación de la ley más eficaces”1, idea rectora sobre la cual debería pensarse el futuro de la persecución penal en la materia. Es necesario hacer hincapié en que la aplicación de los conceptos de eficacia y eficiencia implican concentrar los recursos del sistema penal en uno de los principales pilares del problema mundial de las drogas: la narcocriminalidad -como una de las mayores manifestaciones del crimen organizado- y sus vínculos existentes con otras actividades delictivas, como el lavado de dinero, la corrupción y el desvío de precursores químicos”.

El material es "producto del trabajo interdisciplinario que caracteriza a las procuradurías especializadas" y ofrece "una descripción limitada a la instancia inicial del proceso judicial, que de ninguna manera refleja las formas en que las investigaciones avanzan (o avanzarán) a lo largo del proceso". El objetivo del trabajo "consistió en dimensionar cuantitativamente las causas iniciadas durante 2015 en el ámbito de la justicia federal, examinando aspectos relevantes tales como: los tipos de delitos investigados con mayor frecuencia, las modalidades de inicio de las investigaciones judiciales, tanto a nivel nacional como regional y distrital, con la expectativa de identificar a través de los datos cuáles son las transversalidades y las especifidades para cada una de las jurisdicciones".

En el 44% de los expedientes radicados en el fuero federal se investigan tipos penales previstos en la ley de estupefacientes o por violaciones al Código Aduanero.
Dónde se pone el foco del sistema penal

La Procunar -creada el 19 de febrero de 2013 por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó- precisó además que en el 50% de los casos a nivel nacional se busca determinar si existió tráfico ilícito -como comercio, tenencia con fines de comercialización, almacenamiento, transporte y/o contrabando de estupefacientes o de materias primas para la fabricación- y que en la otra mitad de los expedientes se analizan posibles delitos menores como tenencia simple o para consumo personal, indicados en el artículo 14 de la ley 23737.

En las conclusiones del documento de más de 170 páginas, la Procuraduría especializada subrayó que estos últimos procesos "rara vez prosiguen su trámite a partir del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo 'Arriola', y aunque no se cuenta con datos precisos, es posible afirmar que la gran mayoría de estas causas son archivadas inmediatamente después de su ingreso al Poder Judicial". La Procunar agregó que "pese a haber transcurrido siete años de aquel fallo que exhortó 'a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente lo menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país', la situación no se ha visto modificada sustancialmente".

La mitad de las causas son por hechos vinculados al tráfico ilícito de drogas. El otro 50% se inicia por tenencia simple o para consumo personal.
El detalle por tipo de delito advierte que el servicio de justicia dedicó esfuerzos a analizar casos de comercio o tenencia para comercialización, almacenamiento, transporte, etc. de estupefacientes y materias primas (artículo 5, inciso C de la ley 23737) en el 41% de los sumarios; 3% corresponde a investigaciones por comercio o tenencia para comercialización, almacenamiento, transporte, etc. de plantas y semillas, y el 2% por violación del artículo 866 del Código Aduanero que reprime el contrabando de estupefacientes.

El informe da cuenta que a partir del año 2012 la incidencia de las causas por tenencia para consumo personal comienza disminuir, pasando de 38% en 2012 a 33% en 2013 y 31% en 2014. Esta tendencia que se revierte para 2015, retomando un 37%.

Este universo sumado da como resultado que en el 46% de los expedientes el fuero de excepción busca determinar delitos cometidos por organizaciones criminales de distinta envergadura. En la vereda de enfrente, se ubican los hechos catalogados como tenencia simple (13%) y para consumo personal (37%), ambos previstos en el artículo 14 de la ley de drogas, que acumulados indican que la mitad de los casos son hechos menores. Hay un 4% catalogado como "Otros".

Los números por jurisdicciones

En todo el país, se plantearon en el fuero federal 22020 hechos por drogas. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires -una de las jurisdicciones que menos delega este tipo de investigaciones en el Ministerio Público (el 94% está encabezada por el juez)- lidera la lista con el 36% de estas causas; seguida por Mendoza, con el 11%, y Santa Fe, con el 9%. Las demás jurisdicciones judiciales se reparten el 44% restante. La Procuraduría especializada explicó en el informe que las estadísticas de Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Salta se ven afectadas por la adhesión de esas provincias a la ley de desfederalización desde el inicio del año 2015.

Además, la Procunar detalló que la cantidad de expedientes radicados en la CABA -donde el 91% de los expedientes por tenencia para consumo personal fueron iniciados por "prevención" de las fuerzas de seguridad- se incrementa debido a que el fuero penal económico tiene competencia en los delitos aduaneros cometidos en los partidos del conurbano bonaerense (Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Polar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López).

Mendoza se ubica segunda en el listado. Sobre 3617 expedientes abiertos en 2015 en el fuero federal de esa provincia, el 69% fue por estupefacientes. Los números se repiten en los cuadros de 2012, con el 66%; de 2013, con el 72%, y de 2014, con el 71%.

Cada diez causas que se iniciaron en el fuero de excepción en Mendoza, tres fueron por los casos de comercialización o tenencia para comercialización, almacenamiento, transporte, etc. de materias primas o estupefacientes (28%) o por suministro gratuito u oneroso (5%); mientras que los otros siete comenzaron por tenencia simple (10%), tenencia para consumo personal (52%) u otros delitos (5%).

En la Provincia de Santa Fe, que se ubica tercera en la lista sobre el total nacional, el 67% de los 2892 sumarios iniciados en la justicia federal corresponde a delitos vinculados a estupefacientes. Esa relación se mantiene constante respecto de años anteriores: en 2012, el 72% de los expedientes se ubicó en el universo "drogas"; en 2013, el 70%, y en 2014, el 68%.

Rosario es el conglomerado territorial que lidera la lista provincial con 1179 sumarios iniciados durante 2015 por este tipo de casos. Le siguen Santa Fe, con 467; Rafaela, con 203, y Reconquista con 91.

Así, sobre las 1940 investigaciones abiertas en Santa Fe, el 68% fue por infracción al artículo 5 inciso C de la ley 23737 (comercio o tenencia para comercialización, almacenamiento, transporte, etc. de estupefacientes y materias primas); el 19% por tenencia para consumo personal (art. 14 de la ley de drogas); el 11% fue indicado como "tenencia simple", y un 2% ubicado en la categoría "Otros".

Un detalle que destaca el informe de la Procunar es que en la región NEA entre 2012 y 2015 descendió del 32% al 25% la incidencia de las causas por tenencia para consumo personal, lo que redunda en un aumento de la proporción de las pesquisas por delitos más graves, vinculados sobre todo a las organizaciones narcocriminales. Sin embargo, la cantidad de expedientes iniciados no tuvo grandes variaciones: 4599, para 2012; 3789, en 2013; 4278, de 2014, y 4518, en 2015.

Santa Fe en 2012 tenía un 36% de las causas por el artículo 14 de la ley de drogas (consumo personal), mientras que 2015 cerró con el 19%, lo que cierra un descenso sostenido de a cinco puntos por año. Los números son más llamativos en el Chaco, donde en 2012 el 54% de las investigaciones comenzadas estaban encuadradas en tenencia para consumo. Ese valor tuvo un descenso entre 2013 (35%) y 2014 (13%), pero creció ampliamente en 2015 al 62%.
Sin embargo, la relación entre la cantidad de causas iniciadas por narcotráfico por cada 100 mil habitantes devuelve un listado distinto: encabeza CABA, con 273; le sigue La Pampa, con 146; tercera se ubica Mendoza, con 143 expedientes; cuarta, Río Negro, con 135, y le sigue Tierra del Fuego, con 138.
De acuerdo a un informe estadístico realizado por la Procuración General de la Nación, en causas iniciadas por estupefacientes durante 2012, el 38% de las causas por infracción a la ley 23.737 (la conocida ley federal de drogas), son por tenencia para consumo personal (artículo14). En términos absolutos, los números delinean una certeza preocupante: de un total de 24.599 investigaciones abiertas en todas las jurisdicciones federales del Ministerio Público el año pasado, 9.414 (38%) están destinadas a perseguir a quienes han sido detenidos con sustancias que “por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”, según tipifica la ley. Es decir, a los consumidores.

“Es una estadísticas que mide ingresos y egresos del sistema judicial, no es una estadística que mida flujos, ni mora judicial. Eso significa que a pesar del ‘fallo Arriola’ de la Corte, todavía hay una doble velocidad: lo que probablemente el Poder Judicial rechace o sobresea, las policías todavía detectan e ingresan en el sistema”, interpretó sobre las estadísticas Félix Crous, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), en diálogo con Infojus Noticias.

“Pero lo que se puede medir claramente es el impacto que recibe el sistema judicial en cada año respecto a la demanda, de causas nuevas. Y ahí podés entender donde el Estado pone la mirada: qué busca, qué mira, qué quiere reprimir”, explicó el fiscal. En la mayoría de las jurisdicciones, la proporción de causas por tenencia para consumo personal dentro del total de figuras penales contempladas por la ley, es muy relevante.

En este aspecto, otro indicador elocuente que surge de los informes a los que accedió Infojus Noticias es el de las provincias que dictaron la ley de desfederalización. Eso implica que las causas judiciales que involucran cantidades bajas de sustancia pasan a los fueros criminales de la justicia provincial, dejando las causas más complejas para la justicia federal. “En las provincias donde se desfederalizó, tenés una nula incidencia del narcotráfico respecto de los delitos federales en general. Eso te marca que las causas de menor importancia son las que se estaban persiguiendo”, analizó Crous. Hasta el momento, Córdoba y Buenos Aires lo aplicaron. En La Rioja y Entre Ríos está aprobada pero no instrumentada por falta de presupuesto. Y Salta comenzará a aplicarla a partir del año que viene.

El caso bonaerense, que sancionó la ley 26.052 (sobre desfederalización de estupefacientes) en 2005, merece un informe nuevo del organismo, ahora en curso, en donde se analiza el impacto del cambio de competencia entre la sanción  y 2008. Sin embargo, en este informe el caso bonaerense mereció un párrafo aparte, en donde se remarca “el dramático descenso de causas iniciadas por estupefacientes en las jurisdicciones competentes en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Descenso que se ha ido registrando desde diciembre de 2005 y que estimamos, incluye una continua merma en la cantidad de investigaciones por tipos penales no comprendidos en la ley de desfederalización”.

Esto es: las causas que no investiguen transas y perejiles que venden al menudeo. El proceso también tiene su reflejo en el perfil de los detenidos: desde 2006 aumentó sostenidamente la cantidad detenidas, asociado a la creciente “criminalización de mujeres pobres” imputadas por tenencia o comercialización de estupefacientes, según el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia.

A la luz de los cruces públicos de distintos actores institucionales, el resultado parcial del informe –con las limitaciones de ser medido sólo en 2012 y con bases de datos no propias- no es alarmante: “la evolución de la cantidad de causas iniciadas por jurisdicción y tipo penal no presenta variaciones significativas en el corto plazo”, concluye el informe.

Jurisdicción por jurisdicción

En los informes estadísticos, la Procunar discriminó qué clases de delitos tienen más incidencia dentro del universo variopinto que contempla la ley 23.737: tenencia para consumo personal (artículo 14), comercio o tenencia para comercio, almacenamiento, transporte (artículo 5), o figuras de otros Códigos o leyes, como el de Contrabando de estupefacientes, tipificado en el artículo 866 del Código Aduanero.

En el ranking de persecución por tenencia para consumo, la provincia de Mendoza lleva una clara delantera: de 3203 causas judiciales, 1943 son de este tipo. La cifra, escandalosa, muestra que un 60,7% de las investigaciones de la justicia mendocina están destinadas a perseguir a consumidores. “Es una jurisdicción notable porque podés ver dentro de las tres provincias de Cuyo, el distinto abordaje de lo que mira cada policía”, dijo Crous.

Las jurisdicciones que siguen a la reina de la vendimia respecto de la persecución a consumidores, son la provincia de Córdoba con un 52,2% –se develó hace poco que su narcopolicía armaba causas a “perejiles” con la droga incautada-, Resistencia con un 51,5% y la ciudad de Buenos Aires, con un 40,6%. La jurisdicción en la que menos criminaliza el consumo es La Plata: de las 314 causas por violación a la ley de drogas en 2012 –cifras totales muy bajas-, sólo 2 se instruyen por tenencia para consumo.

Otras dos figuras delictivas aportan datos: Corrientes lidera la nómina de jurisdicciones que persigue el “comercio o tenencia para comercio, almacenamiento, transporte”, con un 84% de las causas iniciadas. Le siguen Mar del Plata (67,9%) y San Martín (63,5%). Los índices más bajos son inversamente proporcionales a los de judicialización del consumo: Córdoba con un 14,3%, y Mendoza con 19%.

La magnitud del narcotráfico dentro los delitos federales

Rosario y Córdoba, como se viene reflejando en el impacto mediático, encabezan las proporciones de delitos federales por estupefacientes respecto de otros delitos federales (tráfico de armas, delitos de identidad, trata de personas, entre otros). De un total de 3380 delitos federales registrados en 2012, 2283 son por violación a la ley federal 23.737 (drogas), un 67,5%. Los sigue muy de cerca Córdoba, un 66,4% y Mendoza, un 64,1%. De la provincia de Buenos Aires, la proporción más alta de las cuatro jurisdicciones que facilitaron las cifras es Bahía Blanca, con un 45,2%, y las otras tres tienen proporciones llamativamente bajas: Mar del Plata un 14,3%, San Martín un 10,1%, y La Plata, que registra la relación jurisdiccional más baja del país, con un 7,8% de delitos federales que corresponden al presunto tráfico de drogas.

La ciudad de Buenos Aires –en base a los registros de las fiscalías federales criminales y en lo Penal y Económico-, registra un total de 48,2% delitos vinculados al narcotráfico. En términos absolutos (es decir, cantidad de causas judiciales iniciadas por violación a la ley de estupefacientes), la capital federal lidera la tabla por escándalo: 7.843 expedientes por violación a la ley de drogas en el año 2012. Lo siguen, muy por detrás, Mendoza con 3203, Córdoba con 2860, Rosario con 2283 y Salta con 1757. La que menor cantidad registra es Mar del Plata, con sólo 221 causas iniciadas.

Para Crous, uno de las falencias más grandes de la justicia federal a la hora de investigar y combatir el narcotráfico, es la negación a investigar la famosa “ruta del dinero”. “Al margen de la complejidad del fenómeno, que es natural a todo proceso de investigación, jueces y fiscales tienen una mirada primitiva de la cuestión patrimonial en este delito, y no se apunta a la razón de ser del negocio, que es la ganancia, y cómo los bienes mal habidos tienen que blanquearse como bienes de apariencia lícita”, concluyó Crous.

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