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Te: 491-5159 Sucesiones en Mar del Plata - Panizo Abogados - Sucesión: Partición de Herencia

“Cuando el testador no hubiere hecho la partición, si los herederos fueran mayores capaces y tuvieran la libre administración de sus bienes, pueden distribuir la herencia de la manera que por unanimidad consideren más conveniente”. (Art. 2369 del nuevo Cód. Civ. y Comercial).






El juez del sucesorio es quien conoce el derecho y hace procedente la partición privada en su caso, (art. 726 del C.P.C.C.). El supuesto de homologación en el sentido procesal, no constituye un recaudo de la ley de fondo, la circunstancia que se requiera su presentación ante el juez de la sucesión para su homologación, será al solo efecto de que éste ejerza “el control de su legitimidad”.

El convenio de partición obtenido en una mediación será vinculante para las partes, por normas del derecho privado, para los herederos, como para el propio juez, será necesario que se encuentren reunidos los presupuestos que atañen a la legalidad de la convención específicamente de la mediación, esto es la homologación del acuerdo arribado para que el juez ejerza el control conforme al ordenamiento jurídico.

La afirmación que el convenio de partición adquiere carácter vinculante, en forma privada, trátese de un convenio de mediación, por ende obligatorio entre quienes lo concluyeron, impide la posibilidad de dejarlo sin efecto por los firmantes.

El plexo normativo, afirma que los herederos mayores y capaces son libres de poner fin a la indivisión pero deben adoptar por unanimidad la forma que dispone el art. 2369 Cód. Civ. y Comercial…”Deben ser hechos en la forma que las partes decidan por unanimidad. (...) las particiones podrán realizarse en mediaciones voluntarias mediante convenio o instrumento privado y presentado al juez de la sucesión para su homologación”. Las comunidades indivisas en su totalidad podrán utilizar el sistema adecuado para partir la misma, sin necesidad que la ley de mediación lo establezca, si están autorizadas por el código de fondo o sustancial.

En el caso planteado la partición extrajudicial realizada por instrumento privado constituye un contrato condicionado a la homologación judicial. Así, lo expresa Zanonni, que por su naturaleza contractual una vez firmada la partición extrajudicial obliga a las partes y estas no pueden unilateralmente dejarla de lado y solicitar la partición judicial o revocarla unilateralmente por voluntad de cualquiera de sus firmantes[5]

Partición privada

La partición realizada en forma privada, será la única que tiene realmente una verdadera naturaleza contractual. Dicho de otra forma, la misma, proviene de la voluntad de todos los herederos constituyendo un negocio jurídico plurilateral que pone fin a la comunidad hereditaria, mediante la distribución del activo neto hereditario entre los coherederos, determinando el haber concreto de cada uno de ellos en la forma en que por unanimidad decidan.

El mediador, es el único sujeto capacitado, conforme al ordenamiento jurídico para trasformar la situación conflictiva o desacuerdos, en acuerdos. Este tercero posibilita que puedan en la etapa propositiva o de propuestas realizar negociaciones colaborativas, distributivas o conforme la situación, acompasando la decisión de las partes. El tercero, sujeto procesal, por Ley Nº 13.951, no solo está capacitado para lograr que los desacuerdos se trasformen en acuerdos, sino también para diseñar, planificar la etapa de propuestas o prepositiva para que las partes negocien.

La jurisprudencia, ha manifestado, en la particiones privadas que (…) “Después de suscripto el acto jurídico particional las partes solo pueden pedir su anulación por vicios de la voluntad, no pudiendo retractarse unilateralmente ya que desde que se presta el consentimiento es vinculante para los herederos independientemente de que esté o no homologado”.[6]

La homologación, no le otorga validez al acuerdo, entre los firmantes, sino por el contrario cumple con un requisito de legitimidad para respetar el ordenamiento jurídico.

La doctrina 

La doctrina se manifestó, con referencia a los acuerdos en mediación, que después de la homologación en divisiones de condominio, podría declararselos de imposible cumplimiento de la obligación de hacer (escrituración). Dicho de otro modo, aún con acuerdo, podría el juez declararlo nulo por imposibilidad de cumplimiento.

Asimismo, y aun habiéndose firmado, el compromiso al pago por la cesión, con un préstamo que no fue concedido, por lo tanto, el convenio fue declarado de imposible cumplimiento de escrituración…, en igual forma se expresa Podetti[7] “Las partes celebraron un acuerdo de mediación para efectivizar la división, el cual fue homologado. Posteriormente, el juez advirtió que la escrituración era de cumplimiento imposible por inconvenientes registrales. A raíz de ello, ordenó determinar los daños y perjuicios. Apelada la resolución por ambas partes, la Cámara, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso de la demandada y desestimó la condena por daño moral.[8] Lo antes comentado sucedió, en el caso “Boronat, Marisa Liliana c. Puerta, Miguel y Puerta, Ana Nidia s/División de Condominio” en el cual se demostró que aún homologado el convenio, el control de legalidad del mismo continua en poder de los jueces.

El derecho procesal 

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, también se ha expedido, en casos similares con fundamento en la regla, iura curia novit, de la siguiente forma: “En virtud del proloquio iura curia novit, corresponde al juez no sólo como facultad sino también como deber, calificar la relación sustancial de la litis y determinar la norma jurídica que la rige, aunque las partes no la invoquen o lo hagan de forma errónea”. “La aplicación de normas o principios jurídicos no invocados por las partes —sin alterar los hechos en que la acción se funda— deriva de la vigencia de la regla procesal iura curia novit y descarta la existencia de agravio constitucional a la garantía de la defensa en juicio”.

Los expuesto por la SCJPBA, reafirma que los jueces pueden decidir el pleito con arreglo a razones jurídicas distintas a las invocadas por las partes, desde que esa posibilidad sólo traduce la facultad de suplir el derecho que es propio de los jueces y no comporta, por ende, violación a la garantía de la defensa, siempre que lo decidido, desde luego, no altere las circunstancias de hecho involucradas en el proceso ni comporte la introducción de pretensiones o cuestiones no debatidas.

En síntesis:

1. La asiduidad de los requerimientos efectuados para fijar audiencia de partición de herencia, devenga una incansable tarea jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires, que en la mayoría de los casos, resulta infructuosa, atento no contar el ámbito judicial con las herramientas de tiempo y espacio convenientes para cumplir con tal finalidad, con lo cual el mediador profesionalmente se encuentra capacitado.

2. Cuando se trate de herederos capaces y mayores de edad, los mediadores son los sujetos adecuados o profesionales especializados en la materia de partición de herencia, como de comunidades indivisas, donde estén en juego intereses patrimoniales. La mediación, resultaría más propicia para la resolución de dichos conflictos de intereses (arts. 7 y 12 Ley Nº 13.951).

3. Que si bien la Ley Nº 13.951 excluye los procesos sucesorios y voluntarios de la mediación como etapa previa a la Jurisdicción (art. 4 inc.8 de la citada ley), lo cierto es que el instituto de la partición “como etapa extraordinaria del proceso sucesorio” no encuadraría en dicha excepción.

4. Que en virtud de su objeto, la partición queda asimilada a la división de condominio; ésta última, categorizada como materia mediable.

5. Que el art. 1 de la Ley Nº 13.951 establece el régimen de la Mediación al disponer: “El estado proveerá la capacitación, utilización, promoción, difusión y desarrollo de la misma como método de resolución de conflictos, cuyo objeto sea materia disponible por los particulares”.

6. Que, para un mejor servicio de justicia, agilizar el proceso, facilitar la negociación entre los interesados y alcanzar la paz social, resulta impostergable contar con la intervención de un profesional especializado; En suma; conforme los argumentos precedentes líbrese oficio a la Receptoría General de Expedientes Departamental., a fin que sortee un mediador (art. 34, 36, 761 C.P.C.C. y art. 1 de la Ley Nº 13951)”.

7. Que la fijación de audiencia a los efectos de llegar a un acuerdo sobre los bienes a partir en los términos de lo normado por los arts. 751 y 761 del C.P.C.C., se ha trasformado en una cuestión de imposible cumplimiento.

8. Que los actos de partición de herencia son factibles de realizarse por el proceso de mediación, siendo esta la vía adecuada para evitar desgastes de la función jurisdiccional, ante la avalancha de incidentes contradictorios, a que se ven sometidas actualmente las sucesiones.

9. Que la voluntariedad del proceso sucesorio, se transforma en situación conflictiva de partición de la herencia, como etapa extraordinaria del proceso.

10. Que los conflictos derivados de la partición hereditaria, requieren de expertos en transformación de conflictos, para sostener el vínculo de la relación familiar, evitando que el mismo se traslade a la sociedad en su totalidad.

11. Que la homologación del acuerdo peticionado será sometido a su posterior homologación, sin perjuicio de crear derechos y obligaciones entre los firmantes, y que aún homologado puede ser declarado de imposible cumplimiento por el juez de la sucesión.

12. Que las garantías de la partición hereditaria en mediación, son legítimas y conforme al ordenamiento jurídico, lo cual hace del fallo comentado una pieza que abre las puertas a futuras particiones por medio del proceso de mediación.

13. Que la regla iura curia novit, permite que los jueces procedan a resolver la causa conforme a derecho, fundamento ineludible de sus decisiones, por cuando al considerar la partición hereditaria, asimilándola a la figura de la división de condominio, permite comprender, que el juez es quien conoce la totalidad de las normas jurídicas para lo cual han sido nombrados, para la función jurisdiccional.

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