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Revocación de Donación - Abogados en Mar del Plata

Corresponde confirmar la sentencia que revocó la donación de la única propiedad inmueble que poseían dos tías, hecha a su sobrino en razón de su relación afectiva, reservándose el usufructo vitalicio, en tanto que existieron actos ulteriores encuadrables en el concepto jurídico de ingratitud fundándose en la desatención, la falta de acompañamiento, abandono y cuidados hacia dichas personas mayores.

El art. 1858 del Cód. Civ. aprehende que las donaciones pueden ser revocadas por causa de ingratitud del donatario en los tres casos siguientes: 1) cuando el donatario ha atentado contra la vida del donante, 2) cuando le ha inferido injurias graves, en su persona o en su honor, y 3) cuando le ha rehusado alimentos.

El donatario tiene a su cargo deberes secundarios de conducta, que están relacionados con la causa gratuita y que exigen una conducta leal, que corresponde a una persona honesta que recibe un beneficio de otro y con el que está en deuda moral de gratitud.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Sala C
Buenos Aires, 9 de Mayo de 2017.- 

Reunidos en acuerdo los  señores jueces de la Sala “C” de la Cámara Civil, para conocer del recurso interpuesto en los autos “GOÑI MARÍA CARMEN BÁRBARA Y OTRO c/ GARCÍA JORGE REINALDO s/REVOCACIÓN DE DONACIONES”, respecto de la sentencia corriente a fs. 250/259 el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el orden siguiente: Sres. Jueces de Cámara Dres. Alvarez Juliá y Diaz Solimine.

Se deja constancia que la Vocalía N° 8 se encuentra vacante desde el día 1° de junio de2016.

Sobre la cuestión propuesta el Dr. Alvarez Juliá dijo:

I.- Las Sras. María Carmen Bárbara Goñi y Matilde Nicómedes Goñi, por derecho propio y con patrocinio letrado, promovieron formal demanda de revocación de donación contra Jorge Reinaldo García, fundadas en que les fueron rehusados alimentos y en las injurias graves en las que –dijeron- incurrió el demandado, con basamento en el art. 1858, supuestos segundo y tercero, del Cód. Civ.. 

El Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda, con costas. 

Contra dicho pronunciamiento se alza el accionado, quien se agravia a fs. 267/270 por entender vulnerado el principio de congruencia y por apreciar desajustada la valoración de la prueba que sirvió de resorte para juzgar de ingratas sus propias conductas. 

Ello mereció la réplica de fs. 272/273 de las contrarias. 

II.- DE LA ALEGADA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.

i. La vinculación de la primer queja del recurrente con cuestiones eminentemente formales conlleva a examinar en forma liminar, el modo en que quedara establecida la relación jurídica-procesal entre las partes. 

ii. Veamos. Los antecedentes de esta causa encuentran su origen en la donación que efectuaran las demandantes el 21/2003/2005 en favor del accionado, respecto del inmueble ubicado en la calle Arzobispo Espinosa 55 de esta ciudad, unidad funcional n° 201, del sexto piso, letra “A”. 

Explicaron las demandantes que a temprana edad, los padres del accionado fallecieron, por lo que ellas, en sus calidades de tías, acogieron -junto con su hermano en su hogar- al demandado como un hijo más. Adujeron que recibió de parte de ellas todo el cariño de su familia directa, inculcándole valores morales y éticos. 

En dicho contexto, señalaron que el demandado en forma personal y directa les requería colaboración económica a fin de poder satisfacer sus necesidades elementales de subsistencia, accediendo siempre a su podido. 

Apuntaron haber ayudado económicamente a comprar un auto (Suzuki Fun, dominio FOM 062), haciéndole entrega de una dádiva en dinero para poder adquirirlo. La propiedad de dicho rodado siempre fue reconocida verbalmente en favor de las accionantes. 

En razón de no tener herederos forzosos y dada la avanzada edad de las mismas, a fin de continuar con la ayuda económica a su sobrino, le otorgaron a través de una donación la nuda propiedad del inmueble en el que viven, reservándose el usufructo vitalicio.

Posterior a eso y con el paso del tiempo, dijeron que la situación financiera de su sobrino comenzó a mejorar de manera tal que no tuvieron que solventarle gastos, empero que la excelente relación familiar afectiva siempre se mantuvo. 

Sostuvieron que los únicos ingresos que poseen eran las jubilaciones que percibían, siendo que por el incremento del índice real de vida sus ingresos se vieron limitados, al extremo de pensar en solicitarle al demandado su ayuda, puesto que hablaba de ciertos negocios que había emprendido. 

Arguyeron que al notar que su situación económica se fue deteriorando, el demandado fue cambiando su actitud a mediados de 2007, sus visitas pasaron a ser esporádicas y con un solo propósito; reclamar más y más dinero, para esos supuestos negocios que aducía tener. 

Afirmaron que al no acceder a la entrega de sumas que les reclamaba, les infería todo tipo de improperios, lo que les producía serias angustias y preocupaciones. 

Indicaron que sus situaciones económicas fueron empeorando, que debieron en alguna oportunidad recurrir a pedirle ayuda al demandado y que recibieron como respuesta negativas rotundas, insultos e improperios.

También especificaron que en dicho contexto el demandado decidió quitarles la posesión del rodado adquirido, mediante vías de hecho.

A su turno el demandado, negó dirigirse a las coactoras de una manera injuriosa, menos aun con insultos e improperios, que no existieron malos tratos, actitudes hostiles, ni atropellos, sencillamente porque las actoras voluntariamente cortaron toda relación con él. 

Desconoció que sus padres fallecieran a su temprana edad, no obstante reconoció que desde los dos años vivía con las coactoras como consecuencia de la enfermedad de su madre, con reiteradas internaciones psiquiátricas por depresión. 

Explicó que sus tías le ofrecieron a su padre colaborar con la crianza de sus hijos, que en principio fue temporal y que luego se fue prolongado en el tiempo debido a que las coaccionantes eran solteras sin hijos y por la debilidad de carácter de su padre. 

Aseveró que aquellas le brindaron afecto y manutención económica, hasta que a partir de los diecisiete años de edad, su residencia en el domicilio de las demandantes dejó de ser permanente, alternando estadías en la casa de sus padres. 

Desde entonces, dijo que comenzó a trabajar colaborando con su padre en el taller mecánico y a partir de ese momento nunca había dejado de trabajar para procurarse el sustento. 

Alegó que su actitud siempre fue de respeto y gratitud hacia ellas, que tal era así que en el año 2005 le donaron el inmueble en el que viven. 

Adujo que en el año 2006 procedió a vender el rodado Renault 12, modelo 1980, dominio WGK-303 de su propiedad y que con el ingreso obtenido, más una módica suma con la que le ayudaron las actoras, compró el vehículo referenciado en la demanda, con financiación en cuotas. 

La relación afectiva y armoniosa dijo se vio afectada cuando en el año 2008 inició una relación amorosa con la Sra. Sandra Contreras, quien trabajaba en el edificio de las actoras como auxiliar del encargado.

Notó que dicha relación fue desaprobada por las demandantes, quienes comenzaron a ejercer una presión y un hostigamiento para que rompiera con la misma. 

No obstante alegó que por primera vez decidió defender su posición y se mudó con la Sra. Contreras –relación que no duró más de un año- a la casa de su padre, quien ya había fallecido. 

Sostuvo que hasta ese entonces las relaciones que había mantenido con otras mujeres debían siempre contar con cierta aprobación de sus tías, y en el caso que no fuera así, terminaba rompiendo sus noviazgos debido a la presión de aquéllas y a la sumisión que mantenía. Señaló que tal era así que recién a los 50 años, habiéndose distanciado de las tías, contrajo matrimonio en el año 2011.

En cuanto a la falta de prestación alimentaria, señaló que siempre gozaron de una buena situación económica, que ambas trabajaron y que con sus ingresos mantenían el inmueble y sufragaban sus gastos personales. Dijo que luego ambas se acogieron a los beneficios jubilatorios, Matilde como empleada de comercio y Carmen como empleada del consulado Español en Argentina, siendo que además esta última recibe una jubilación de parte del gobierno español.

Sostuvo que su situación financiera no se ha deteriorado en ningún momento y que no han estado nunca en una posición de extrema necesidad. 

Dijo que nunca le han requerido ni a él ni al resto de sus sobrinos (sus hermanos) ayuda dineraria alguna, que el inmueble no posee deudas de expensas, ni impuestos. 

Por su parte indica que su situación económica era moderada, que en los últimos años había mantenido distintos empleados en talleres mecánicos y que en la actualidad se encontraba trabajando como chofer de taxi. 

iii. Para decidir en los términos expuestos, el anterior juzgador estribó la revocación de la donación en el conjunto de material probatorio recabado en la causa, con especial ponderación en las declaraciones de los testigos aportados por las demandantes. 

En tal contexto, entendió que los declarantes coincidían en la conducta desplegada por el demandado, y en tal sentido que el comportamiento del accionado encuadraba en el concepto jurídico de ingratitud. 

Bajo tales ideas, juzgó que las actitudes y comportamientos del demandado, examinadas desde las circunstancias particulares de las accionantes –personas mayores, las cuales donaron el único bien con el que contaban- resultaron “ingratas” (y más allá de las razones que motivaron al demandado a alejarse, motivos que no fueron probados en autos). 

En definitiva, consideró que la desatención, el abandono, la falta de acompañamiento, de ayuda material, de visitas y cuidados hacia personas mayores, hacía que pudieran considerarse -en el caso y frente a las actoras- como omisiones que configuraban la “ingratitud”. 

iv. El accionado se alza contra el último temperamento mencionado, esgrimiendo que el “A Quo” había fundado su decisorio en hechos o circunstancias no alegadas por la contraria. 

En rigor, que con excepción a lo referido a la ayuda material –aspecto sobre el que también se agravia bajo el título “negativa de alimentos”-, no se le imputaba a su parte ninguna de las restantes conductas a las que hacía referencia el anterior magistrado.

v. En tal contexto, la circunstancia que las coaccionantes hayan fundado su pretensión en la causal de “ingratitud” autorizaba al juzgador a un tratamiento amplio de la cuestión, empero ello enmarcado por los hechos alegados por las partes en cumplimiento con los principios sustanciales de juicio relativos a la bilateralidad y equilibrio procesal. 

Así repararé en que en su escrito introductorio las demandantes expresaron que a mediados del año 2007 y luego de un cambio de sus situaciones económicas, las visitas del Sr. García pasaron a ser “esporádicas”, expresión ésta que admitía formalmente introducirse en el examen de justificantes tales como “desatención”, “falta de acompañamiento”, “abandono” y “cuidado hacia personas mayores” que ulteriormente fueron tenidos en miras por el judicante para fundar su pronunciamiento. 

Por lo expuesto, desoiré parcialmente la queja del recurrente en este considerando tratada. 

III.- DEL FONDO DE LA CUESTIÓN TRAÍDA 

A DEBATE.

i. Se agravia el emplazado en torno a la apreciación de la prueba efectuada por el anterior juzgador en la instancia de grado, que había llevado en consecuencia a una incorrecta aplicación del art. 1858, supuestos segundo y tercero del Cód. Civ.. 

En tal sentido, refiere -en lo que titula negativa de alimentos- que no se había acreditado la necesidad de requerir asistencia económica al donatario, que por el contrario la testigo Margot había indicado que “tenían una situación económica buena” y Racsov sostenía que como cosmetóloga las atendía una vez por semana a cada una de ellas y que al momento de la declaración les hacía “Reiki”. Del mismo modo que no se encontraba acreditado que las donantes efectivamente le requirieran alimentos al donatario y mucho menos que se los haya negado.

Por otra parte, cuestiona que la prueba rendida se inclinaba principalmente a acreditar una supuesta sustracción por parte del demandado de un automotor de propiedad de las actoras, pese a que ellas mismas habían indicado que le habían entregado una dádiva para ayudarlo a adquirir el rodado. A su vez que ninguno de los testigos refiere haber presenciado insultos, amenazas o improperios y que el destrato que varios de los deponentes indicaban era anterior a la donación.

ii. No resulta ocioso en el caso hacer míos los términos señalados por el Dr. José Luis Galmarini, en su voto, en la sentencia dictada con fecha 30 de octubre de 2002 en los autos “C., R. c/D. P., E. M. s/separación personal”, en la que señalara que “… Atento a que la obligación de los magistrados de decidir las cuestiones conducentes para el fallo, se circunscribe a las que estimen necesarias para la sentencia que deben dictar (Santiago C. Fassi, “Código Procesal Civil y Comercial, comentado, anotado y concordado”, T. I, pág. 278), y a que no se encuentran ceñidos a seguir el enfoque jurídico esgrimido por las partes, ni tampoco rebatir todos y cada uno de los fundamentos por ellas invocados (CNCiv., Sala C, 15/2010/2002, in re “Emprovial S.A. c/G.B. y Cia. S.A. s/cobro de sumas de dinero”, L.336.672) me limitaré a considerar los agravios sobre aquellas cuestiones centrales que sean útiles para la decisión (CNCiv., Sala C, 07/2003/2000, in re “Solari, Azucena Mabel y otro c/Iriarte, Adriana Noemí y otro s/daños y perjuicios”, L. 275.710; id., Sala C, 07/2012/2000, in re “Peralta, Ricardo c/Errecarte, Oscar Ariel y otro s/daños y perjuicios”, L.294.315)...”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha sostenido en este sentido que “ … Los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquéllas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones ni, imperativamente, tratar todas las cuestiones expuestas o elementos utilizados que a su juicio no sean decisivos … ” (Fallos:333, 526; 300:83, 535; 302:676, 916, 1073; 303:235, 1030; 307:1121).

iii. A modo de introito, me permito señalar que el art. 1858 del Cód. Civ. aprehende que las donaciones pueden ser revocadas por causa de ingratitud del donatario en los tres casos siguientes: 1) cuando el donatario ha atentado contra la vida del donante, 2) cuando le ha inferido injurias graves, en su persona o en su honor, y 3) cuando le ha rehusado alimentos. 

De los Mozos -en la doctrina española- y Torrente -en la italiana- entienden que el o los actos del donatario le permiten al donante arrepentirse de la donación, situación jurídica y moral, a la vez que es aceptada y justificada por la conciencia colectiva. A ello agrega De los Mozos que faltando la gratitud del donatario se pierde la fides pacti, por la ausencia de animus donandi. No es una normativa de sanción, sino una posibilidad que tiene el donante de dejar sin efecto el acto de liberalidad (Compagnucci de Caso, Ruben H., “Contrato de donación”, Ed. Hammurabi, pág. 303). 

El donatario tiene a su cargo deberes secundarios de conducta, que están relacionados con la causa gratuita y que exigen una conducta leal, que corresponde a una persona honesta que recibe un beneficio de otro y con el que está en deuda moral de gratitud (Lorenzetti, Ricardo Luis, “Tratados de los contratos”, Ed. Rubinzal-Culzoni Editores, T.III, pág. 618). 

Conforme lo señala López de Zavalía las causales de ingratitud que la ley prevé consiste en actos graves contra el donante, moralmente imputables al donatario, a título de dolo (Lamber, Rubén Augusto, “Donaciones”, Ed. Astrea, pág. 443) y si bien los casos enumerados resultan taxativos, el supuesto que en este caso entrará en consideración de “injurias graves”, es de alguna flexibilidad, puesto que incluye cualquier atentado contra el donante de suficiente gravedad (Borda, “Tratado de derecho civil argentino. Contratos”, T. II., pág. 392, n°1611). 

Para Pothier, para que una injuria sea atroz, vale decir grave, conforme al Derecho de las Partidas, es preciso que tienda a destruir la reputación del donante en sus partes más esenciales, tales como la probidad o las costumbres, agregando, para delimitar el concepto, que resulta necesario que la injuria no sea vaga, sino que contenga hechos circunstanciados (en Salvat-Acuña Anzorena, “Tratado de derecho civil argentino. Fuente de las obligaciones”, 2 ed., 1954, t.III, pág. 95 en Bueres Alberto J. y Highton Elena I., “Código Civil y normas complementarias”, Ed. Hammurabi, t.4D, pág. 182). 

La prueba de la “gravedad” debe estar ligada a los antecedentes del caso, los motivos, la ocasión en que acaeció, la calidad y cultura de los ofensores y agraviados, y las relaciones que mantenían entre ellos (Compagnucci de Caso, ob. Cit., Ed. Hammurabi, p. 309). Se trata, en síntesis, de aplicar la pauta del art. 902 del Cód. Civ. en la ponderación de las ofensas (conf. Leiva Fernández, Luis F. P., “Contratos Civiles y Comerciales. Colección de análisis jurisprudencial, Bs. As., Ed. La Ley, 2002, p. 443, con cita de CCiv. Y Com. San Isidro, Sala I, 2/194/201993, “A., C. J. A. c. A., p. A. y otra”, en JA 1994-I-622 en Spota, Alberto G., “Contratos”, Ed. La Ley, 2 ed. Actualizada y ampliada, T. VI., pág. 1394). 

iv. Conforme las constancias de autos las demandantes María Carmen Bárbara Goñi y Matilde Nicomedes Goñi, ambas de estado civil solteras y con fechas de nacimiento 04/12/1928 y 15/09/1923, se encontraban sujetas al régimen jubilatorio ordinario desde 03/1995 y 01/1979 (informes de la A.N.S.E.S. de fs. 144/20159).

De acuerdo a las declaraciones testimoniales recabadas en la especie las mismas en sus calidades de tías del accionado fueron las que se encargaron desde temprana edad de aquél. 

Observaré que refirió la testigo Irma Racsov, cosmetóloga de las actoras, que “… Carmen y Matilde lo criaron y dieron la vida por este muchacho…” y que él “les dijo que se iba a quedar a vivir con ellas de por vida y las iba a cuidar…” (fs. 137/20138); la deponente Silvana Margot, quien fuera empleada de las coaccionantes, manifestó que las tías ayudaban al sobrino y “… le daban todo lo que necesitaba” y que éste se comprometía a cuidarlas (fs. 139/20140); la declarante María Ester Hermida, quien conocía a las coactoras del barrio, aseveró que las accionantes “lo criaron porque la mamá estaba enferma”, “que ellas fueron muy protectoras”, que él les decía “que las iba a cuidar y proteger (…) hasta el último día”, y que “era el consentido. Que todo lo que quería se lo daban” (fs. 163/20164); la testigo Francisco Laura Jalon, amiga de las Sras. Goñi, refirió que “las dos hermanas han vivido para Jorge. Que no ha ido al colegio Jorge Reinaldo. Que dejo en tercer grado. Que no aprendió un oficio como le aconsejaron”, que “siempre fue un malcriado para ellas, (…) le compraban todo lo que quería” (fs. 165/20166); el dicente Oscar Álvarez, amigo de “la familia”, indicó que el demandado era para las actoras “… más que un hijo” (fs. 167/20168).

De ello se sigue que si el thema decidendum que aquí se plantea resulta de una relación afectiva entre tías y su sobrino que motivó una liberalidad en favor del último, la vara a utilizar para sopesar la conducta del donatario debe ser por demás estricta y rigurosa. 

Los testigos coinciden en señalar que el pasar financiero de las Sras. Goñi era -a la fecha de las audiencias testimoniales- “mala” (fs. 137 vta.), que las ayuda el hijo de otra persona criada por ellas de nombre “Blanquita” y esta última también (fs. 138 y 139 vta.), que sólo “… viven de la jubilación y otra cosa no tienen” (fs. 163 vta.) y que vivían con lo justo (fs. 162). 

Asimismo se desprende de la contestación de oficio de la A.N.S.E.S. que el haber mensual recibido por María Carmen Bárbara Goñi era al 17/06/2014 de $10.554,85, mientras que el de Matilde Nicomedes Goñi era a la misma fecha de $3.382,98 (fs. 147 y 154). El Consulado de España a fs. 169 informó que la primera de ellas no percibía ningún tipo de prestación económica en concepto de jubilación o pensión. 

Los achacos sobre este punto efectuados a los dichos de las testigos Racsov y Margot, expresados en la expresión de agravios, pierden virtualidad desde que lo que aquí se intenta dejar en evidencia es el estado económico en el que se encontraban como referencia de examen global y no la inexistencia de medios para la subsistencia para poder encuadrar el supuesto en el apartado tercero del art. 1858 del Cód. Civ.. 

A su vez, tampoco debe escapar a mi conocimiento que la amiga de María Carmen Goñi, Francisca Laura Jalon, refirió que le habían dejado al Sr. García en donación el lugar en el que ellas viven, “que es el único lugar que tienen…”. 

Por otro lado, si bien es cierto que los deponentes son contestes en la existencia de un peculiar temperamento por parte del Sr. García, como sostuviera en sus agravios el recurrente los hechos detallados para describir parte de su personalidad eran anteriores al acto de la donación, con lo cual -por su temporalidad- quedaban exentos de este juzgamiento. Es que lógicamente la injuria debe ser posterior a la donación (CNCiv., Sala L, 22/194/201996, “Nicoletti, Ida c. Lorea de Corzo Sara, B.”, Leiva Fernandez, Luis F. P., “Digesto Practico. Contratos.”, Ed. La Ley, T. III, en Spota, Alberto G., ob.cit., pág. 1394). 

Allende lo expuesto, lo concreto es que existieron actos ulteriores encuadrables en el concepto jurídico de ingratitud. 

Veamos. Bajo el cuadro de situación que se ha descripto, viene al caso reparar en que parece ser el escenario posterior a la compra de un automotor lo que habría generado quizá el punto de inflexión del vínculo entre las actoras y su sobrino aquí demandado. Racsov dijo conocer que el Sr. García le dijo a la Sra. María Carmen Goñi que “… le quería comprar un auto rojo, (…) (que) Carmen tenía más de 70 años (por lo que) el coche lo puso a nombre de él, (y que) después me entero que el muchacho no pagó ninguna cuota del coche que había comprado”, que le “… robó el coche, se fue de la casa de donde vivía con las tías…” y que allí fue que ellas empezaron a descreer del sobrino, el que comenzó a “no pagarle el coche” y “sacarlo sin permiso” (fs. 137/20138).

Margot sobre el caso refirió que compraron un auto porque “… la señora comentó que no le daban permiso para manejar por la edad y él se ofrece a sacarle un auto con la plata de las actoras. (…) me dijo Carmen que el auto se lo llevó Jorge, y (que) tenía que ir al médico con su hermana” (fs. 139/20140).

Hermidia por su parte explicó que “… Jorge comentó que le iba a cambiar el auto a las tías”, el que pertenecía a Carmen Goñi, que “el valor del auto que vendió lo dio de anticipo a Jorge” y que “… iba a sacar un crédito y compró un cero kilómetro”, que se lo terminó quedando “Jorge”(fs. 163/20164).

Jalon a su vez aseveró que “… les hizo cambiar el auto y lo puso a nombre de él (…) que vendió un auto que estaba a nombre de Carmen y Matilde, y Jorge Reinaldo le dijo que era mejor que se lo pusieran a nombre de él”, a lo que accedieron por tener “delirio con su sobrino”. Indicó que “… las Sras. Goñi pagaban la cuota del auto y si ellas no lo pagaban él se las exigía” (fs. 165/20166). 

Álvarez describió que la relación fue la explicitada “hasta que ocurrieron los hechos motivo de su declaración. Que las convenció para que cambiaran el automóvil y él les dijo que lo pusieran a nombre de Jorge… Que el auto se lo llevó Jorge”. Señaló que “… el auto lo usaba Carmen para hacer sus cosas y luego no la vio más con el auto y lo usaba Jorge” y que “… se dieron cuenta de lo que era (…) cuando les robó prácticamente el auto” (fs. 167/20168).

Del mismo modo aparece otro hecho en escena que sería interruptivo de la relación, relatado por Jalón. Dijo que ya hace unos meses las demandantes no sabían nada de él, que les había efectuado un pedido económico imposible que ellas no podían solventar por vivir de sus jubilaciones (fs. 166).

A su vez, Hermida declaró que “luego de que pusieran el departamento a nombre de él comenzó a maltratarlas”, presenciando “una discusión en la que el Sr. García las amenazaba con que iba a echarlas del departamento porque ese lugar era de él”.

Es necesario también tener en cuenta los efectos en las personas que dicen haber sido agraviadas. Racsov dijo que “Matilde estuvo muy mal, por la desilusión porque era un sobrino que era más que un hijo”, Jalon dijo que las vio a ambas “muy angustiadas. Que nunca imaginaron que iba a ser tan indigno con ellas”.

v. En este entretejido de circunstancias fácticas, cabe reputar las conductas asumidas por el emplazado como incompatibles con el deber de gratitud que deriva de la normativa aplicable.

Debe repararse –en primer lugar- que en dicha trama de hechos fueron amenazadas con ser despojadas del bien donado, respecto del cual tenían el usufructo vitalicio. 

Una intimidación verbal del tipo a quienes fueron parte por demás activa en su crianza, respecto de quienes él siempre habría manifestado un palmario afecto, y dirigida a personas de tercera edad que únicamente contarían como único medio de subsistencia el cobro de sus jubilaciones ordinarias, deja de manera notoria revelada la gravedad de la injuria en la que incurriera y el deliberado designio de afectar a las personas donantes. 

Pero aunque dicho acto sea suficiente para tener corroborada la ingratitud del donatario, no cabe soslayar las distintas situaciones expuestas que en definitiva terminan por patentizar el obrar encuadrable en el art. 1858 del Cód. Civil.

Aun cuando las actoras participaran en la adquisición de un vehículo –hecho éste no discutido- con anterioridad a la donación poniendo la titularidad en cabeza de su sobrino, las privó éste de las facilidades que el medio bien podía brindarles a personas de avanzada edad.

Súmese en este cuadro de hechos y circunstancias la desatención, la falta de acompañamiento, abandono y cuidados hacia personas mayores referidos en la sentencia en crisis, en la que incurrió el donatario a raíz de los eventos aquí explicados. 

Compartiré el temperamento adoptado por el anterior sentenciante en tanto estimó que se hallaba ausente en la especie la existencia de una grave provocación previa que excluyera la conducta reputada de ingrata. 

Cierto es que no hay injuria cuando los agravios son proferidos como reacción a un ataque directo y personal contra el que los profiere (CNCiv, Sala E, 16/198/2006, DJ, 2006 732), pero en el caso no fue aquilatado que la razón del altercado entre donantes y donatario tuviera su razón en una supuesta desaprobación de las Sras. Goñi al inicio de una relación amorosa con una empleada del edificio. 

El demandado fracasó en acreditar esta circunstancia por él relatada en el escrito de respuesta a la demanda (Art. 377 del Cód. Procesal). En efecto, ninguna prueba produjo en la causa tendiente a demostrar el justificante que esgrimiera. 

Por el contrario, Racsov dijo que las actoras aceptaban todas las relaciones del demandado, sin efectuar objeción alguna respecto de su vínculo con la Sra. Contreras, encargada del edificio. Del mismo modo, Margot dijo que nunca se opusieron a su relación con la portera Contreras, que inclusive las tías la querían mucho y que la seguían saludando (fs. 140). 

Corolario de lo expuesto, por los hechos ingratos examinados subsumibles en lo que establece el art. 1858, caso segundo, del Cód. Civ., habré de confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto hace lugar a la acción entablada por revocación de la donación. 

IV.- Por último, señalaré que el desarrollo argumental propiciado en este voto torna abstracto el tratamiento del restante agravio del recurrente, puesto que fundada la revocación en el supuesto de injurias graves por hechos expresamente alegados en el libelo de inicio, los fundamentos exhibidos para revocar la sentencia de grado relativos a la falta de prueba del supuesto de negativa de alimentos del art. 1858, ap. 3, pierden toda trascendencia. 

V.- Por todo lo expuesto, y si mi voto fuese compartido, propongo confirmar en un todo la sentencia en crisis, con costas de alzada al demandado vencido. Artículo 68 del Código Procesal.

Por razones análogas a las expuestas, el Dr. Diaz Solimine adhirió al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto. 

Luis Alvarez Juliá - Omar Luis Diaz Solimine



Provincia de Mendoza / Responsabilidad en el Ejercicio de la Función Pública (Ley Nº 8993 - 16/08/2017)

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