Cabe hacer lugar a la demanda tendiente a restringir la capacidad de obrar de quien padece una afección mental, pues de la entrevista personal surge que el individuo puede llevar una vida sencilla con sus familiares y que puede manejar bien el dinero, que está yendo al médico y que toma sus pastillas de por vida, por lo que sin desatender las recomendaciones médicas y psicológicas, no aparece necesaria la intervención de un curador, sino de un apoyo, a fin de permitirle la máxima autonomía posible dentro de sus limitaciones. En consecuencia, la limitación sólo regirá respecto de los actos de disposición y administración de bienes muebles o inmuebles registrables y de dinero, y por el plazo de tres años, lapso durante el cual se volverá a someter a la persona con discapacidad mental a un nuevo examen multidisciplinario, para conocer si ha tenido alguna evolución en su salud, su integración en el medio social en el que vive y la conveniencia de continuar con el sistema de apoyos.