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Revocación de la Donación

Corresponde rechazar la acción de revocación de las donaciones efectuadas por el ex empleador del actor, que no pudo cobrar su indemnización laboral supuestamente como consecuencia del desapoderamiento de todos sus bienes al haberlos donado a sus hijos, en tanto las donaciones fuero hechas años antes de la extinción del vínculo, y no fueron ellas las que originaron la insolvencia del empleador.

Tratándose de actos a título gratuito, el código es menos exigente para su revocación que en los casos de actos a título oneroso, en efecto, los primeros pueden ser revocados a solicitud del acreedor aún cuando su beneficiario ignorase la insolvencia del deudor (art. 967 Cód. Civ.), en cambio en los onerosos se requiere demostrar la complicidad del tercero adquirente en el fraude del deudor, sin perjuicio de presumirse si conocía su estado de insolvencia (art. 969 Cód. Civ.).

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes - Sala I

Mercedes, 31 de Julio de 2012.-

C U E S T I O N E S

1ª.) ¿Es justa la sentencia apelada?

2ª.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A La Primera Cuestión Planteada, el Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:

I.- La sentencia de fs. 965/74 es apelada por el actor, quien expresa agravios a fs. 944/1004, los que son contestados a fs. 1006/09, 1010/12 y 1013/15.

II.- 1.- El Sr. Pedro Horacio Perú promovió demanda contra Pedro Ángel Vadillo, Pedro Vadillo, Graciela E. Vadillo, Eduardo J. Vadillo y Liliana Pedro Vadillo por revocación de donaciones efectuadas por el primero a favor de los demás demandados.

Dijo que comenzó a trabajar para Pedro A. Vadillo desde el año 1979 y que el 21/10/1995 fue despedido, lo que dio lugar a un juicio laboral, que luego de una larga tramitación, y previa revocación de la sentencia dictada por el Tribunal de Trabajo de Bragado por la Suprema Corte de la provincia, aquel dictó nuevo pronunciamiento el 4/09/02 condenando a Vadillo a abonar la suma de $ 127.910,97.

Continuó diciendo que, pese a que mientras duró la relación laboral, Vadillo era propietario de dos camiones y de varias fracciones de campo en 9 de Julio, de un auto y de una camioneta y que tenía quince empleados, cuando fue a ejecutar la sentencia se encontró con que se había desapoderado de todos sus bienes, donando a sus hijos los inmuebles rurales. Así, dijo que: a) una parcela de 146 has. Había sido donada el 16/02/93 a su hija Graciela Edith con reserva de usufructo a favor de él y de su esposa, al que posteriormente, el 1/11/94, renunciaron por escritura pública; b) dos tercios de otra parcela de 78 has. Habían sido donadas a su hijo Pedro el 5/12/92, con igual reserva de usufructo, al que renunciaron el 10/08/93 por escritura publica; c) otra parcela de 146 has. Había sido donada a su hija Liliana Petrona Vadillo el 16/12/93, con igual reserva de usufructo, al que renunciaron el 19/12/96 por escritura pública. En definitiva –dijo–, Vadillo era propietario de 345 hectáreas de campo, que donó a sus hijos y luego renunció al usufructo. Agregó que también había renunciado el 30/09/97 al usufructo del cincuenta por ciento de una fracción de campo cuya nuda propiedad pertenecía a su hijo Eduardo Juan Vadillo.

Respecto de las donaciones anteriores al despido, sostuvo que, en la medida que la relación laboral se remontaba a 1979, sus derechos laborales –reconocidos en la sentencia del Tribunal de Trabajo– ya habían sido adquiridos con anterioridad al despido, “comenzando mi crédito por violación de mi estabilidad en el empleo el mismo día de mi ingreso en el trabajo” (sic), sin perjuicio de destacar que las renuncias de usufructo de 1996 y 1997 fueron con posterioridad al distracto laboral.

Argumentó que, de acuerdo a la doctrina laboral, el trabajador gozaba de estabilidad impropia desde su ingreso al trabajo, de forma tal que su crédito se fue forjando cada día en que fue transcurriendo la relación.

Sostuvo que sería una burla al trabajador permitir que el empleador donara sus bienes a sus hijos y luego no pagare las indemnizaciones a sus empleados, debiendo tenerse en cuenta que la ley preveía una indemnización tarifada por despido teniendo en cuenta los años de antigüedad. En apoyo de su postura citó la obra de derecho del trabajo de Ernesto Krotoschin.

2.- Contestó la demanda Liliana Petrona Vadillo, pidiendo su rechazo. Dijo que la donación que su padre le efectuara por escritura (el 16/12/93) fue sólo del 50 por ciento de la parcela, dado que la otra mitad le correspondía a su madre hasta el presente, por lo que jamás podría prosperar la acción por el 100 por ciento en relación al inmueble.

Respecto de la parte donada, expresó que no se daban los requisitos del art. 962 del C.C.. En primer lugar porque al 21/10/95 Vadillo era solvente, como admite el actor cuando dice que tenía una “pyme” agropecuaria con quince empleados y que transportaba su producción en camiones de su propiedad.

Además, trabajaba más de 1.000 hectáreas de campo como contratista rural. El mismo actor admite –sostuvo– que Vadillo había comenzado a perder su solvencia recién en 2002. En segundo lugar, dijo que el crédito del actor era posterior a la donación cuestionada, por lo que no se daba el requisito del inc. 2 del art. 962, y tampoco la excepción contemplada en el art. 963.

Dijo al respecto que la tesis del actor en cuanto a que el crédito había nacido con el comienzo de la relación laboral no tenía asidero confrontada con el art. 245 de la LCT.

En otro orden, adujo que mientras duró el vínculo laboral de su padre con el actor había sido buena y nada hacía presagiar que terminaría con un despido, por lo cual no podía decirse que dos años antes se insolventó para eludir el pago de futuras indemnizaciones.

3.- Pedro Vadillo contestó la demanda, pidiendo también su rechazo. En primer término porque la donación de la parcela a su favor fue el 4/09/02 y el origen del crédito del actor el 21/10/95, y en segundo lugar porque al tiempo de ambas fechas Pedro Angel Vadillo era solvente.

Sostuvo –en relación a la tesis del actor sobre el origen del crédito– que la extinción de la relación laboral podía producirse por distintas causas, de manera que no se agotaba en el despido.

4.- Contestaron la demanda Pedro Angel Vadillo y sus hijos Eduardo Juan y Graciela Edith, pidiendo también su rechazo.

Además de argumentar que el origen del crédito no podía ser otro que la fecha del despido, explicaron la razón de las donaciones cuestionadas. Al respecto, dijeron que, teniendo cerca de 70 años, Pedro Angel Vadillo decidió “dejar en el futuro sus bienes arreglados” y “achicar su trabajo”, por lo que procedió a repartir sus bienes inmuebles entre sus hijos reservándose el usufructo para impedir su venta sin ser consultado y para dejar hecha su sucesión en vida. Como las explotaciones no redituaban económicamente y tenía problemas de salud, luego comenzó a renunciar a los usufructos, quedando sólo algunos campos arrendados “hasta el año 2000, principio del 2003” (sic).

Es cierto –dijeron– que Vadillo en 1995 tenía quince empleados pero no se desprendió de los mismos en forma repentina, sino paulatinamente -en algunos casos por renuncia de ellos y en otros pagando indemnizaciones-, quedando tres bajo el vínculo laboral.

Expresaron que Vadillo siguió trabajando hasta 2002 y principios de 2003, como surgía de las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias presentadas año tras año, y de documentación que acompañaron acerca de la venta de hacienda y cereales.

En relación a la renuncia del usufructo a favor de su hija Liliana (16/10/96), dijeron que tuvo por finalidad ponerla en igualdad de condiciones que sus otros tres hermanos, siguiendo el “plan familiar” que se había decidido a principios de los años 90. Respecto de la renuncia del usufructo que tenía Vadillo sobre el campo de su hijo Eduardo (30/09/97) expresaron que formó parte del mismo plan, ya que ello se consideró parte de las compensaciones decididas en 1992.

Sostuvieron que siempre Vadillo había actuado de buena fe y que nunca pensó que la relación laboral con el actor fuera a terminar mal ni que se pudiera perder el juicio.

5.- Producida la prueba, se dictó sentencia rechazándose la demanda, con costas. Para así decidir, el juez entendió que no se había acreditado mínimamente que al hacerse las donaciones pudiera Vadillo prever el despido que luego se produjo. Tampoco la insolvencia del donante en esa época, ya que continuó “in bonis”.

Respecto de las renuncias de los usufructos dijo el magistrado que se habían efectuado antes de que el crédito del actor fuera exigible (lo que tuvo lugar el 4/09/02 con la sentencia definitiva del Tribunal de Trabajo).

Expresó que la primera sentencia laboral (10/09/99) había dado la razón al demandado, que el Fiscal había acusado al actor, y que aún luego de la sentencia de la Suprema Corte (28/11/01) el patrimonio de Vadillo podía ser atacado, por lo que era aplicable la teoría de los actos propios por no haberlo hecho. Sostuvo finalmente que no había acreditado el actor que las donaciones y renuncias hubiesen sido malintencionadas en relación al actor.

III.- En sus agravios el actor, luego de comparar la situación patrimonial del demandado Pedro Angel Vadillo durante la vigencia de la relación laboral con la posterior, insiste en que el crédito nació con el ingreso al empleo en virtud de la estabilidad impropia de todo vínculo laboral, toda vez que, si se entendiera lo contrario, se aceptaría el fraude a la ley laboral, dándole al empleador un “bill de indemnidad” para desprenderse de sus empleados sin abonar indemnizaciones.

Expresa que el juez no sólo rechazó tal “tesis amplia”sobre el origen del crédito, sino que también desechó la “tesis restringida” (que nació con el despido), dado que tampoco hizo lugar a la acción revocatoria en relación a las renuncias de usufructos que fueron posteriores a ese acto, sobre la base de confundir “exigibilidad” del crédito con el nacimiento del mismo.

Manifiesta que, a valores de hoy, los usufructos renunciados – sobre 139,5 hectáreas -, representaban en concepto de arrendamiento rural $ 279.000 anuales, lo que se privó de ingresar por espacio de once años (hasta la muerte de Vadillo el 21/08/08).

Dice también que dichas donaciones y renuncias por sí solas no produjeron la insolvencia sino que esta se fue perfeccionando mediante actos posteriores tales como la venta de bienes muebles registrables y cese de actividades, todos actos estos inatacables por su parte, dado que no puede demostrar la mala fe de los compradores.

Expresa que Vadillo contó siempre con asesoramiento jurídico y notarial, de manera que debió estar informado sobre el seguro progreso del la acción laboral, por lo que el “plan familiar” no fue otra cosa que el de insolventarse para no pagarle. Sostiene que de ninguna solvencia del demandado puede hablarse cuando llegado el año 2002 pagaba “cero pesos” de impuesto a las ganancias y su patrimonio neto era cuatro veces inferior a la deuda laboral.

Critica que el “a quo” diga que no tomó medidas para resguardar su crédito siendo que, desde que obtuvo la sentencia final favorable, hizo todo lo posible por cobrarlo sin éxito, por lo que no rige la doctrina de los propios actos.

Finalmente, dice que no tiene la carga de probar la mala fe del deudor, sino cómo se constituyó su estado de insolvencia.

IV.- 1.- Consciente el actor de que uno de los requisitos de la acción revocatoria es que el crédito sea de fecha anterior al acto que se ataca (art. 962 inc. 3 C.C.), sustentó su pretensión en la tesis de que, si bien el despido se había producido después, el crédito había nacido con el inicio de la relación laboral.

Este planteo fue expresamente desestimado por la sentencia apelada no sólo en virtud de la señalada exigencia normativa sino también por no haberse acreditado circunstancia alguna que permitiera a la fecha de las donaciones alertar sobre la posibilidad de la abrupta conclusión de la relación laboral, como asimismo por no haberse demostrado la insolvencia del donante como producto de esos actos jurídicos (fs. 972 y vta.).

En la expresión de agravios el actor se limita a reiterar el argumento acerca de que el crédito de “cualquier” trabajador nace desde su ingreso al empleo, tesis esta que no tiene base normativa alguna como para dejar sin efecto la clara disposición del art. 962 del C.C., lo que por si solo es suficiente para rechazar el agravio.

Sin perjuicio de ello, es de señalar que el apelante confiere a la obra de Ernesto Krotoschin un alcance que no surge su texto. Este autor habla de un “derecho del trabajador al empleo” precisamente para explicar que, sin justa causa, el empleador no puede despedirlo sin indemnizarlo. Hasta tal punto es así que, aún en casos de ejercicio abusivo del despido – como en los casos de embarazo de la mujer trabajadora -, destaca que la ley no lo declara nulo, sino que establece una indemnización especial (“Tratado Práctico del Derecho del Trabajo”, Vol. I, 3ra. Ed., Depalma, 1978, ps. 477/49). La tesis del apelante, además de no tener base legal, es irrazonable dado que implicaría entender que, por el solo hecho de tener un empleado en relación de dependencia, los bienes del empleador quedan sujetos a una suerte de inhibición mientras dure la relación laboral, lo cual, obviamente, es inadmisible.

El único supuesto que el código prevé para excepcionar la exigencia de que el crédito sea anterior al acto atacado, es el de la enajenación de un bien por parte de quién ha cometido un crimen si fue ejecutada para salvar su responsabilidad por el acto (art. 963). Se entiende que esta norma es extensible a cualquier supuesto en que la enajenación haya sido hecha con previsión fraudulenta, pero se exige que ello sea evidente; es decir, siempre que resulte patente que el acto se ha realizado en vista de obligaciones que luego contraería el deudor (Borda, Parte General, T. II, Perrot, 1955, Bs. As., 311; Zannoni, Eduardo, comentario a art. 963, en Belluscio-Zannoni, Cód. Civ. Comentado, Astrea, Bs. As., 1994, T. 4, pág. 442).

De la prueba de autos ni remotamente se desprende que las donaciones hayan sido hechas con esa intención (arts. 375 y 384 C.P.C.C.).

2.- En cuanto a las renuncias de usufructo posteriores al despido, debo señalar que es dudoso que su revocación formara parte de la demanda (ver capítulos “Objeto” y “Petitorio”). No obstante, teniendo en cuenta que fueron mencionadas en el relato de los hechos y que no ha habido una expresa oposición a su consideración por parte de los demandados por tal razón, en aras de no cercenar el derecho a la jurisdicción (art. 15 Const. Prov.) Abordaré su tratamiento.

Se trata de los siguientes actos: a) la renuncia al usufructo efectuada el 19/12/96 por escritura pública sobre una superficie de 146 has. En el Partido de 9 de Julio, que anteriormente – el 16/02/93 – el sr. Vadillo donara a su hija Liliana Petrona Vadillo; y b) la renuncia al usufructo por escritura pública del 30/09/97 del 50 por ciento de 133 has. En el mismo partido, que pertenecían a su hijo Eduardo Juan Vadillo, y que aquel tenía por escritura del 26/10/90 (fs. 73 y vta.).

Si bien el derecho real de usufructo no es enajenable ni pueden constituirse hipotecas sobre el mismo, es, sin embargo, embargable por expresa previsión del art. 2908. Es que el usufructo integra la prenda común de los acreedores, ya que, además, puede cederse el ejercicio de tal derecho (art. 2870) (Lavalle Cobo y Fornari, comentario a art. 2807 del C.C., en Beluscio-Zannoni, Código Comentado, Astrea, Bs. As., 2007, pág. 1014).

No obstante, como dicen los autores citados, se interpreta que el embargo no es del derecho real de usufructo, el cual permanece en cabeza del usufructuario, sino del derecho a percibir los frutos hasta que quede satisfecho el crédito del acreedor, para lo cual este debe prestar fianza suficiente de conservación y restitución de la cosa tenida en usufructo (art. 2908 C.C.). Existen discrepancias sobre cómo debe hacerse efectivo el embargo trabado sobre el usufructo (o sea, si la cosa debe permanecer en poder del usufructuario, quién deben entregar el producido neto al embargante; si es el acreedor o un administrador judicial quienes deben asumir por sí mismos la percepción de los frutos; si el acreedor embargante debe pedir que en el juicio respectivo se subaste el derecho real mismo o solamente su ejercicio, etc.) (autores y obra citada, ps. 1174/75), pero de lo que no caben dudas es que los acreedores pueden intentar el cobro de su acreencia sobre los frutos del usufructo.

En el caso de autos, tampoco caben dudas que el usufructo de más de 200 hectáreas de campo en el Partido de 9 de julio, en los años 1996, 1997 y posteriores tenía un valor económico. Basta pensar en el rendimiento productivo (cerealero o ganadero) que podía tener.

También es de destacar que, tratándose de actos a título gratuito, el código es menos exigente para su revocación que en los casos de actos a título oneroso. En efecto, los primeros pueden ser revocados a solicitud del acreedor aún cuando su beneficiario ignorase la insolvencia del deudor (art. 967). En cambio, respecto de los segundos se requiere demostrar la complicidad del tercero adquirente en el fraude del deudor, sin perjuicio de presumirse si conocía su estado de insolvencia (art. 969). De ahí, entonces, que se ha dicho que en los actos a título gratuito se prescinde de la intención de la defraudar, y que la revocación procede aún cuando ambos (deudor y tercero) hubieran actuado de buena fe (Mosset Iturraspe, Jorge, “Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios”, T. II, Ediar, Bs. As., 1975, ps. 13 y 164). Pero aún cuando no se compartiera este criterio extremo, de lo que no cabe duda es que entre el interés del acreedor y el del beneficiario de una liberalidad, el código opta por el primero, solución que se compadece con la prevista por el art. 1051 (Zannoni, ob. Cit., ps. 449/51).

Dicho ello, corresponde considerar si concurren los demás requisitos del art. 962 del C.C..

El previsto en el inc. 1 se entiende que se refiere a que el deudor debe hallarse en estado de insolvencia al promoverse la demanda, dado que si el acto cuestionado ha provocado la misma pero luego mejoró de fortuna, el acreedor podría cobrar su crédito (Borda, ob. Cit., pág. 310). En autos está fuera de discusión que al momento de la demanda, el demandado Pedro Angel Vadillo no era solvente como para afrontar el crédito del actor, por lo que este requisito se cumple.

No ocurre lo mismo con el contemplado en el inc. 2 del art. 962; es decir, que la insolvencia haya resultado de los actos mismos cuestionados, o que estos la hayan agravado.

En efecto, el mismo actor en su expresión de agravios –como ya he referenciado – dice que las donaciones y renuncias por sí solas “no originaron la insolvencia sino que esta fue perfeccionada mediante actos posteriores diversos tales como la venta de bienes muebles registrables y cese de actividades” (fs. 998vta.). Si ello es así es claro que no hay una relación causal entre las renuncias de usufructos con la insolvencia del sr. Vadillo, que se produjo mucho después.

De la misma demanda se desprende que en los años 1996 y 1997 Vadillo era titular dominial de un camión, de un acoplado, de una camioneta y del cincuenta por ciento de un automóvil y de una camioneta. Si bien con posterioridad pueden haberse vuelto vetustos, no es posible creer que en esos años en conjunto no fueran suficientes para afrontar la deuda laboral con el actor. No está claro cuándo fueron vendidos, pero el actor dijo al interponer la demanda que seguían a nombre del demandado, y es de recordar que sólo el cambio dominial en el registro produce la transferencia de la propiedad de vehículos automotores (art. 1 del Dec. Ley Nº 6.582/58, ratif. Por Ley Nº 14.467). Por lo tanto siguieron siendo prenda común de los acreedores.

Finalmente surge de autos que el demandado en los años 1996 y 1997 seguía desarrollando su actividad (fs. 303/28 y 708/725) (art. 384 C.P.C.).

Es que para verificar si se cumple el requisito del inc. 2 del art. 962 debe analizarse la situación en el momento en que los actos cuestionados se llevaron a cabo - en el caso, diciembre de 1996 y septiembre de 1997 -, porque de lo que se trata es de comprobar si los mismos causaron o no la insolvencia del deudor. No es de acuerdo a la situación patrimonial del mismo seis o siete años después como el análisis debe hacerse. De conformidad a lo señalado – sobre todo, en virtud de los vehículos automotores que en ese tiempo el sr. Vadillo tenía -, arribo a la conclusión que ello no puede aseverarse.

Por consiguiente, propongo que se confirme la sentencia apelada, con costas de la alzada al actor vencido (art. 68 C.P.C.C.).

Voto por la Afirmativa.

El Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.

A la Segunda Cuestión Planteada, el Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:

De conformidad a cómo ha quedado votada la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

1°.- Confirmar la sentencia apelada.

2°.- Imponer las costas de segunda instancia a la actora vencida Así Lo Voto.- El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.

S E N T E N C I A

Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser confirmada.

Por Ello y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, Se Resuelve:

1°.- Confirmar la sentencia apelada.

2°.- Imponer las costas de segunda instancia a la actora vencida. 

Emilio A. Ibarlucía - Roberto A. Bagattin

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